De la corrupción y de la Justicia

Si la corrupción fuera petróleo o gas natural, seríamos el país más rico del mundo, pues cualquier prospección a lo largo y ancho de nuestra geografía tendría un resultado positivo. Nos entretenemos con declaraciones altisonantes, el estribillo de la presunción de inocencia, la exaltación de la democracia y los triunfos deportivos, mientras que la Justicia se deteriora progresivamente entre la falta de medios y su condicionamiento político. Hoy España aparece junto a Botswana -conviene recordarlo – en los rankings mundiales de la corrupción.

Estos días se ha confirmado -y es sólo un ejemplo- la ruina absoluta de quienes, en su mayoría pequeños y medianos accionistas, invirtieron sus dineros en Bankia, nave emblemática de la Comunidad de Madrid, no por confiar en algún negocio especulativo, sino porque se les ocultó torticeramente la verdadera situación económica de la entidad, y ello con el apoyo cómplice del Banco de España y otros organismos que nada hicieron, antes al contrario, para impedir la tropelía. Aquellos euros, como la energía o la materia, no desaparecieron realmente sino que cambiaron de bolsillo. Lo cierto es que los dirigentes de esta Caja, como los de otras en quiebra, debían sus puestos a los partidos políticos, a los sindicatos y a la organización empresarial. Lástima que la capa de Luis Candelas cubra cualquier responsabilidad penal por delitos societarios, de estafa masiva, apropiación indebida y otras figuras delictivas.

Todo empieza y acaba con la falta de voluntad política -hoy por ti, mañana por mí- para combatir una corrupción que le viene grande a la propia Administración de Justicia. A diferencia de lo ocurrido con la violencia de género o sexo, no hay leyes integrales y transversales contra la corrupción, ni observatorios contra la corrupción, ni delegado del gobierno contra la corrupción, ni un ministerio contra la corrupción, ni siquiera una dirección general con ese nombre.

Se pueden contar con los dedos de la mano los corruptos de primera fila que han entrado en prisión. Tenemos el caso de un Mario Conde, peligroso para el “establishman”, el de Javier de la Rosa, también con rasgos muy particulares, y poco más. La financiación ilegal de determinados -o de muchos determinados- partidos políticos, con enriquecimiento colateral de los intermediarios, siempre se hizo a espaldas de sus mandamases.

El entonces Fiscal General del Estado no movió ni un dedo cuando Maragall acusó al Gobierno Catalán, o más exactamente a CiU, de cobrar la comisión de un 3% en las contrataciones públicas. Otro había hecho antes lo posible y lo imposible para que el escándalo de los fondos reservados que cobraron los policías Amedo y Domínguez quedara en nada. Por su parte, los tribunales consideraron penalmente irrelevante que un Ministro del Interior pagara con esos mismos fondos unas joyas para obsequiar a las esposas de sus colaboradores como víctimas indirectas por los desvelos de sus maridos.

Dijo Jesús que más fácilmente pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico por la puerta del cielo. Hoy lo difícil en España es que uno de los enriquecidos por la corrupción, haga lo que haga, entre por la puerta de la cárcel y se quede allí algún tiempo sin terceros grados o rápido reenvío a casa por motivos de mala salud. ¿Cuándo se llegará, en el sentido que sea, al punto final en los escándalos del expresidente de la CEOE, o de “El Bigotes”, o de Urdangarin, o de los ERES de Andalucía, o del Palau barcelonés, o de los amigos del exministro José Blanco, o de las supuestas actividades delictivas de nombres ilustres de la política catalana? Pasado el momento, la noticia cae en el olvido, los procesos judiciales se eternizan y los presos preventivos (si los hubiere) son puestos en libertad. Los sumarios duermen largos años sin que se haga nada (y sin que nadie responda después por ello). Un botón de muestra: ahí sigue “el Faisán”, pese a su teóricamente corto recorrido entre un juzgado y un ministerio. Y otro: casi veinte años ha tardado la sentencia de conformidad en la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya con fondos de la Unión Europea para cursos de formación de personas en paro.

La conclusión es clara. La Justicia demasiado lenta no es Justicia y puede que frente a la Corrupción en gran escala ni siquiera exista. Mientras más politizada esté la Justicia -por no hablar de la Fiscalía y de la Policía- y mayor sea su escasez de medios, más impunidad habrá para la corrupción políticamente coloreada. Como en Botswuana, seguramente.

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