La herencia de los GAL

Los asesinatos y secuestros del GAL no sólo fueron terrorismo de estado en su versión más chapucera sino también una tremenda equivocación por sus previsibles consecuencias. Aunque según el Felipe González nunca habría pruebas de la implicación de su Gobierno en tales crímenes, las hubo hasta el extremo de que el Tribunal Supremo condenó por ellos a su Ministro del Interior y a algún otro cargo de ese departamento. El lector es muy libre de pensar lo que estime oportuno sobre si resulta creíble o no que dichas personas actuasen por cuenta y riesgo propios, confiando en que el presidente nunca se enteraría de sus arriesgadas apuestas por el bien del país.

La verdad es que el juez instructor, Baltasar Garzón, insistió una y otra vez en colocar una X por encima de quienes acabaron en la cárcel de Guadalajara entre muestras de afecto de muchos correligionarios, entre los que destacaba quien más motivos tenía para indignarse con los que habían traicionado su confianza. En su opinión -mantenida hasta hoy- la sentencia habría sido un enorme error de una justicia escasamente fiable, cuando no interesadamente tuerta. Lástima que las críticas no fueran acompañadas de alguna posible alternativa en la autoría directa e indirecta de unos crímenes cuya existencia ya nadie, ni siquiera el entonces presidente del Gobierno, se atreve a negar.

El recuerdo de aquel triste episodio, negación absoluta de un Estado de Derecho, me ha venido a la memoria porque el reciente homenaje del PSOE a Felipe González coincidió con los organizados por BILDU en San Sebastián para honrar a “todas las víctimas del terrorismo”. Se comprende y comparte la indignación de quienes han sufrido el terrorismo etarra, pero aquella formación política no ha hecho sino degustar a su debido tiempo los frutos servidos en bandeja muchos años atrás. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como escribió Tirso de Molina en “El burlador de Sevilla”, y ahora nos toca contemplar, impotentes, esa equiparación de víctimas como si hubiera habido dos facciones en guerra.

Casi mil muertos inocentes frente a diez o veinte inocentes también, pero en compañía de cuantos terroristas etarras fueron justamente condenados, huyeron al extranjero o murieron porque el artefacto explosivo que portaban cumplió su misión a destiempo. Los números quedan en un segundo lugar y ya se encargará de engordar los suyos el entorno de ETA. Ahora comprendemos mejor lo que aquel terrorismo de Estado supuso en términos políticos y hasta de dignidad o indignidad nacional. Aquí nadie tuvo los reaños suficientes para seguir el ejemplo de Margaret Thatcher con los miembros del IRA muertos en Gibraltar, cuando dio un paso adelante y asumió todas las responsabilidades.

Valga terminar recordando la ocasión perdida por un conocido periodista para hacer la pregunta del millón en una entrevista a Felipe González. Acababa de declarar éste que se había enterado de todo por la prensa, pero el entrevistador se guardó mucho de preguntarle seguidamente por lo que hubiera hecho después para descubrir a los criminales y ponerlos a disposición de la justicia. Eso se llama libertad de información e independencia del informante.

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