¿Tuvimos una huelga?

La huelga es un derecho de los trabajadores frente a la empresa en la que trabajan, o con otras palabras, un medio de presionar a aquella para defender derechos o intereses laborales. Se contrapone al cierre empresarial dentro de una misma relación. De ahí que las llamadas huelgas generales no merezcan tal nombre cuando se dirigen contra el Gobierno como un tercero al que se reprochan las consecuencias económicas y sociales de su política.

Un ejemplo de lo dicho fue la última huelga general, a la que podían sumarse trabajadores en activo, empresarios, jubilados, autónomos y amas de casa. La huelga, que es en sí misma algo pasivo, poco tiene que ver con las manifestaciones, y menos si, como ocurrió el 14 de noviembre, se prolongan durante la noche. Pero las anomalías de nuestra huelga general no acaban aquí. Quienes mayor razón tienen para salir a quejarse a la calle y protestar contra los culpables de la situación son precisamente los parados que ya no trabajan en ninguna empresa, de modo que mal pueden presionar a un empresario.

Lo más absurdo es, sin embargo, que los responsables de nuestras tribulaciones encabecen las convocatorias y las manifestaciones en las vías públicas. Por corta que sea nuestra memoria, todos recordamos muy bien el apoyo que la política del Gobierno anterior tuvo entre muchos de quienes hoy se presentan como víctimas y portan las pancartas más agresivas. Recuérdese la actitud de los sindicatos hasta la llegada del PP a la Moncloa. Siguen estando donde estaban, pero ahora en la oposición. Sin una sola idea nueva para salir de la crisis, continúan predicando, como si no hubiese pasado nada, que lo mejor es seguir con los gastos igual que antes porque ni nuestro crédito ni la estupidez de nuestros acreedores tendrían límite. ¿Por qué iban a negarse los países ricos a costear “sine die” nuestro estado del bienestar?

Arrogándose una representatividad que no tienen, y contra los principios más elementales de la democracia parlamentaria –las democracias populares del socialismo real de corte soviético eran otra cosa-, los organizadores de la huelga-manifestación llegaron a exigir nada menos que un referéndum para saber si las reformas del PP, con sus sacrificios en primer término, gozan hoy o no del mayoritario apoyo de los españoles. Se supone que luego, si la respuesta fuera negativa, el nuevo rumbo se fijaría conforme a las iniciativas de nuestros líderes sindicales y sus compañeros de viaje.

La deriva política de la huelga es tan preocupante que parece llegado el momento de desarrollar legalmente el ejercicio de tal derecho conforme a lo ordenado por el artículo 28.2 de una Constitución aprobada hace treinta y tantos años. Se podría poner punto final, por ejemplo, a esos curiosos piquetes que, so pretexto de informar en el último momento sobre lo que ya conoce todo el mundo, se convierten involuntariamente (es un decir) en un medio coactivo con su sola presencia. Así se coarta la libertad personal en esa ocasión y en las siguientes porque, como dice el refrán, el miedo guarda la viña. Las campañas electorales, no menos importantes, tienen incluso una jornada reflexión. Bien podría aplicarse la misma receta en materia de huelga.