La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio homosexual

Si la justicia tardía no es justicia, mal puede ser muy justa la sentencia dictada con siete años de retraso por el Tribunal Constitucional sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con tal demora, el pronunciamiento, sea cual fuere, dejará de corresponderse con el planteamiento inicial del debate. Los hechos consumados tienen su propia dinámica y se consolidan con el tiempo hasta configurar una nueva realidad social que, si viene al caso, servirá para interpretar la norma según dispone el artículo 3.1 del Código Civil. Entonces el círculo se cierra en falso a costa de la Justicia con mayúscula. Ya no se juzga como se hubiera hecho en su día, puesto que la demora habrá incorporado como nuevo elemento exegético sus propias consecuencias. Súmense los numerosos problemas prácticos que la tardía declaración de inconstitucionalidad suscitaría en muchos de aquellos matrimonios y se comprenderá mejor hasta qué punto tales dilaciones contribuirán a dejar las cosas como están.

Resulta lamentable, de otra parte, que los posicionamientos en pro o en contra de esta extensión del matrimonio no siempre respondan por separado a cada una de las tres preguntas fundamentales que la cuestión plantea. La primera, la de si la unión de dos hombres o dos mujeres con vocación de permanencia debe equipararse en líneas generales (relaciones entre ambas personas, derechos sucesorios, beneficios fiscales, etc.) con el matrimonio tradicionalmente entendido, recibe la respuesta afirmativa de la inmensa mayoría de la sociedad española. La segunda, constreñida a la ampliación del consolidado concepto de matrimonio para acoger también a estas otras parejas, tropieza ya con la fuerte oposición de quienes entienden que en buenos principios se trataría de dos instituciones distintas por naturaleza. Y resta la tercera pregunta, que es la más preocupante: la adopción de niños.

La plena identificación del matrimonio heterosexual con el homosexual facilitaría a este último, aunque no necesariamente, la adopción de unos niños que no tendrían un padre y una madre adoptivos, sino dos padres o dos madres. Que la homofilia sea algo natural y normal no significa que también lo sea igualar a las parejas homosexuales y heterosexuales en relación con unos niños cuyos verdaderos padres son o habrán sido siempre un hombre y una mujer. Además, no resulta aventurado afirmar que la inmensa mayoría de los padres y madres naturales preferirían que su sustitución se ajustara a las anteriores consideraciones.

Dicho lo anterior, poco hay que añadir a los variados argumentos jurídicos y sociales esgrimidos por unos y otros en defensa de sus respectivos pareceres. Lo novedoso es la manipulación de la Sentencia del Tribunal Constitucional por parte del PP. No es cierto, contra lo que ha proclamado algún miembro del Gobierno, que el acatamiento de la resolución haya zanjado el problema. La verdad es muy otra. El que la ley impugnada encaje en la Constitución no impide que quepan también en ella, y quizá con mayor holgura, otras normativas como la que ya estaba en vigor antes de la reforma del Código Civil. Cuando se recurrió la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, a propósito de la elección de los vocales de su Consejo General, el Tribunal Constitucional, tras admitir la constitucionalidad del nuevo sistema, añadió expresamente que en todo caso el anterior respondía mejor a las exigencias de nuestra Carta Magna. Ahora podría ocurrir lo mismo si siguiera habiendo voluntad política para volver a la regulación del matrimonio cuya reforma fue tan rotundamente criticada en su día desde el partido ahora en el poder.