La corrupción ambiental

La corrupción se ha generalizado tanto en España que bien merece el calificativo de ambiental. Se halla presente en nuestra vida como el aire que respiramos, cada día más pernicioso para la salud. En las últimas décadas ha llegado a todos los rincones del país, empezando por las Administraciones Públicas, principalmente las comunidades autónomas y municipios, y siguiendo por esa pléyade de sociedades creadas a su sombra, no para mejor prestación de los servicios públicos, sino para eludir controles y colocar al mayor número posible de familiares, amigos y conmilitones. Exprimiendo un poco a los contribuyentes, en particular a los de ingresos reflejados en nómina, no importaba la acumulación de pérdidas. Siempre se dispondría de ese dinero fácil que, según nos dijo una ilustre ministra egabrense, no pertenecería a nadie.

Hace ya mucho tiempo que saltó a los titulares de prensa la financiación del PSOE con supuestos encargos a sociedades ficticias que actuaban de recaudadores. Recuérdese a FILESA y otras pantallas jurídicas con la terminación S.A. Hubo condenas, pero aquellas prácticas, lejos de disminuir, se han extendido a los restantes partidos políticos. El socialista Margall denunció en el parlamento de Barcelona las comisiones del 3% en beneficio de Convergencia i Unió, y ahí está, como otro botón de muestra, el affaire del Palau, que salpica a lo más granado de la alta burguesía catalana. En Baleares se multiplican las condenas por los lucrativos tejemanejes de los anteriores jerifaltes de aquella comunidad, en provecho propio y -presuntamente, si el lector quiere- del partido o los partidos entonces gobernantes. En Andalucía se avanzó desde el fraude menudo de las peonadas municipales del “per” a los “eres” que repartían los euros entre paniaguados que nunca trabajaron en esa empresa, intermediarios de profesión y virtuosos del tráfico de influencias. La sombra de “El Bigotes” es más alargada aún que la del ciprés de Delibes, pues llega desde la Comunidad de Madrid al Reino de Valencia. Y las andanzas de Iñaki Urdangarin a lo largo y ancho de media España, aprovechándose de su pertenencia a la Familia Real, revelan hasta qué punto los caudales públicos pueden desviarse a voluntad de sus gestores.

Pero no es preciso buscar corruptelas tan emblemáticas. Basta con mirar alrededor para ver cómo hay demasiados políticos que amasan en poco tiempo fortunas poco acordes con sus ingresos oficiales, por lo común no muy elevados. Quizá las relaciones de poder con la ciudadanía y el agradecimiento de avispados contratistas o concesionarios expliquen esos rápidos enriquecimientos al borde del Código Penal. No es casualidad que las consejerías o concejalías de obras públicas o similares sean las más solicitadas. Y las comisiones de investigación nunca sirven para nada cuando los presuntos corruptos pertenecen al partido o a la coalición mayoritarios.

Nuestra corrupción ya no es un achaque localizado sino una enfermedad endémica en un país que la percibe como algo inherente a la naturaleza de las cosas (y de los hombres). Los ciudadanos tenemos conciencia de que los tribunales han sido incapaces de poner coto a esta delincuencia de guanto blanco. Primero, porque no son muchos los casos objeto de acusación. Y segundo, porque los intereses creados en los núcleos duros de la corrupción se traducen en solidaridad apenas encubierta y entorpecimiento metódico de la investigación criminal. La juez Alaya, de Sevilla, podría corroborarlo.

A veces se absuelve por anulación de unas pruebas que, aunque hayan sido obtenidas irregularmente y no sirvan para una condena penal, son reales y permiten a la opinión pública conocer con certeza el alcance de ese episodio de corrupción que quedará impune. No se niega la autenticidad de la conversación telefónica, por ejemplo, sino su valor probatorio antes los tribunales. Resulta, además, que las lamentables demoras judiciales se acrecientan con las tácticas obstrucciones de los mejores bufetes del país si así conviniera a su privilegiada clientela. Habrá también recursos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, de forma que diez o quince años después de cometidos los hechos no es probable que el condenado, ya mayorcito y siempre con delicado estado de salud, acabe ingresando en prisión.

Con ese telón de fondo, nadie puede pedir comportamientos ejemplares al resto de la población. La corrupción se ha convertido en algo tan normal como la gripe en el invierno. Habría que aprender a convivir con ella. La corrupción ambiental sería como el clima de un país. O se lleva con resignación cristiana o se marcha uno a otro sitio con mejor clima. Se engañan quienes creen que la crisis económica y los devaneos separatistas de Cataluña y el País Vasco son hoy los dos principales problemas de España.

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