Progresismo de salón y mugre ciudadana

Todos nuestros Códigos Penales, empezando por el de 1848 y terminando por el vigente de 1995, han castigado no sólo los delitos sino también las faltas. Estas últimas conductas, sin llegar a tener la entidad de los delitos, superarían en gravedad a las simples infracciones administrativas. Si la pena de multa no se paga, el juez puede convertirla en arresto sustitutorio. O sea, que tanto las personas solventes como las insolventes sufren la multa de una forma u otra. No ocurre así, por el contrario, con la multa administrativa, puesto que, según artículo 25.3 de la Constitución, “la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”.

La única sanción administrativa frente a la mayoría de las personas individuales consiste en una multa que nada significa para el insolvente. Y aquí entran tanto el verdadero pobre como ese insolvente oficial que vive muy bien sin tener nada a su nombre. Viene esto a cuenta de que se nos anuncia una reforma del Código Penal que suprimirá las faltas por la doble razón de que los tribunales están sobrecargados y de que el Derecho penal debe contemplar sólo los comportamientos realmente graves. El problema es la absoluta irresponsabilidad del insolvente en el ámbito administrativo. Algo que deberían saber el legislador y la autoridad competente.

En la Puerta del Sol de Madrid, en el kilómetro 0 de España, ante la sede del Gobierno de la Comunidad, las bandas de mendigos extranjeros -balcánicos de etnia gitana (decir gitanos a secas está mal visto)- ejercen su profesión a la vista de unos guardias municipales que miran hacia otro lado. Por una infracción administrativa no se detiene a nadie y es de suponer que estos pedigüeños, perfectamente organizados, con las mismas muletas e iguales vasitos para recoger la limosna, tendrán la documentación en regla.

Si el agente de la autoridad se decidiese a intervenir, entraríamos en el esperpento. El buen mendigo, tras solicitar y obtener la presencia de un intérprete, le diría al guardia que no puede dar detalles sobre el lugar dónde suele pasar la noche, pero que le suena el nombre de la Cañada Real. El Ayuntamiento se ahorraría gastos y esfuerzos si renunciara a notificar la multa, primero en persona y luego por edictos, para embargar finalmente no se sabe qué.

Con la prostitución callejera ocurre algo similar. Y con el alboroto de borrachos y gamberros nocturnos. Y con quien desee hacer aguas menores o mayores en la vía pública. Y así sucesivamente. Mientras, seguimos perdiendo el tiempo y nos entretenemos aumentando el importe de unas multas desactivadas por la insolvencia. Un día alguien escribirá una cartilla o vademécum para que los vagos y maleantes -en la castiza denominación del ilustre penalista y socialista Jiménez de Asúa (recuérdese la ley de 1933 con esa denominación)- tomen conciencia de todo lo que pueden hacer impunemente gracias a su pobreza y, conocedores de sus derechos, se nieguen a soportar reprimendas no previstas en la ley.