La reforma de la Constitución

La reforma más urgente de nuestra Constitución es la de su Título X, dedicado precisamente a regular su reforma. Se trata de prevenir que las costuras de un traje salten si hay que adaptarlo a las nuevas medidas de su portador. Así se evitan sorpresas que no deberían serlo. Un día, España se acostó monárquica y amaneció republicana. Y otro, los inmutables principios del Movimiento Nacional se fueron por el sumidero de la Historia. También cambia lo que se pretende eterno. Unas veces con rebuscados argumentos jurídicos para cuadrar formalmente el círculo, y otras, de modo más expedito, por las vías de hecho.

Parece como si entre la herencia del franquismo se contase la excesiva vocación de permanencia en la Constitución de 1978. Alcanzado el difícil pacto para la Transición democrática, se quiso blindar sus acuerdos hasta un extremo que hoy resulta insostenible. Piénsese, por ejemplo, en el creciente avance del separatismo en Cataluña y el País Vasco. Pocos de los votantes de entonces habrían imaginado que la secesión de dichas partes de España estaría treinta y tantos años después en el primer plano de nuestras preocupaciones nacionales.

El traspaso de competencias en materia de educación permitió a los nacionalistas falsear la historia, y la llamada inmersión lingüística en Cataluña sirvió para ir cambiando la realidad social con el idioma como columna vertebral de un nuevo estado independiente y con vocación imperialista (els Països Catalans). El incumplimiento sistemático de las sentencias de los tribunales, empezando por las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y el despectivo trato a la bandera española ante la pasividad del Gobierno de España también contribuyeron a la deriva soberanista. Produce extrañeza que se haya tolerado como algo natural que algunas Comunidades Autónomas, que son instituciones del Estado, asumieran, fuera de sus competencias, aspiraciones propias de los partidos políticos. Con todo, lo que importa en este momento, más que repartir culpas por el pasado -que las hubo, y muchas y muy graves- es adelantarse al futuro y abrir cauces para resolver los problemas que se nos avecinan.

Desde Barcelona se nos anuncia una declaración unilateral de independencia si ese fuera el deseo de los catalanes expresado en un referéndum que se celebraría tanto con la anuencia del Gobierno de España como sin ella. Recuérdese lo ocurrido en octubre de 1934, cuando Companys proclamó la independencia del Estat Català en el marco de una inexistente Federación Ibérica. El Gobierno de la República intervino de inmediato con el Ejército y el orden constitucional fue restablecido en cuestión de horas. Pero hoy está mal visto recordar que el Ejército, a cuya cabeza se encuentra el Rey, es el garante de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional de España. Hasta mencionar la posible adopción de las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución sería una provocación para quienes un día sí y otro también amenazan con una independencia unilateral que convertiría a nuestra Carta Magna en papel mojado.

Al lado del órdago separatista de la Generalidad de Cataluña, el Plan Ibarretxe, con su propuesta de Estado Libre Asociado para Euskadi, era una generosa propuesta al resto de España. Naturalmente, el anunciado triunfo del nacionalismo en las próximas elecciones vascas, reforzado ahora por la legalización del amplio entorno político de ETA, hace temer que pronto tengamos en el País Vasco un problema similar, o peor, al de Cataluña. Bien está, por consiguiente, que los partidarios y detractores de aquellas aspiraciones pongan sobre la mesa sus ventajas e inconvenientes para los nuevos Estados y para el resto de España, pero el nacionalismo guarda más relación con los sentimientos que con las razones. Como ha escrito recientemente el profesor Rubio Llorente, presidente emérito de nuestro Tribunal Constitucional, la inoportunidad de tales iniciativas en estos tiempos de profunda crisis económica no libera al Gobierno de prever lo necesario para encauzarlas pacíficamente y siempre dentro de una Constitución reformable.

Si una minoría de la población total de un país conformara una mayoría aplastante a favor de la independencia en “una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado”, nos encontraríamos con que “el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados”.

Conviene, como resumen, no poner el carro delante de los bueyes. Lo primero debe ser la constatación real de esas aspiraciones separatistas que ahora se proclaman dentro de una monótona operación de propaganda. Y eso sólo puede conseguirse mediante un referéndum que hoy no está al alcance de la Generalidad de Cataluña, pero que pudiera estarlo si se aprobara la correspondiente Ley Orgánica. A todos los españoles nos interesa conocer el verdadero peso del separatismo allí donde se presente para adoptar después nuestra postura y decisión.

Y cerramos estas reflexiones como las empezamos. El artículo 168 de la Constitución, que es una excepción a la regla general del artículo 167, sería un cauce demasiado estrecho para resolver en último término este problema (y otros, también graves, que puedan plantearse en el futuro). Por fortuna, el complicadísimo procedimiento del artículo 168 no afecta a la misma regulación de la reforma, lo que permite derogarlo conforme a los trámites más sencillos del artículo 167.

Una cosa es nuestro personal pronunciamiento frente a los separatismos mendazmente alimentados y otra es confiar en que los problemas se resuelvan por sí solos. Y no se contribuye a ello, antes al contrario, calificando de simple “algarabía” al millón de personas (o medio millón o millón y medio que se manifestaron pacíficamente en Barcelona a favor de la independencia), como hizo Rajoy, o llamando “quimera” a esas aspiraciones, en palabra del Rey, o afirmando que Cataluña no es siquiera un problema o restando importancia a la “espuma de declaraciones” (separatistas, se entiende), según dijo el Príncipe de Asturias el Día de la Fiesta Nacional. Se agradece la buena intención, pero por ese camino, con los ojos voluntariamente cerrados, no vamos a ninguna parte. O sí.

1 comentario
  1. Agromenawer says:

    Miralles, sigue insistiendo, un día de estos hay una epidemia de gripe en Atresmedia y te llaman para sustituir a Inda en la Sexta. Ánimo, sigue con la matraca, que no decaiga. Una tontería que se me ha pasado ahora mismo por la cabeza: ¿de los 1000 folios desaparecidos en Plaza Castilla no hablas con los venezolanos? Qué lastima, sería taaaan interesante conocer su opinión...

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