La otra politización de la Justicia

No hace falta acudir a la división de Poderes, fundamento de toda Democracia, para concluir que la Política y la Justicia deben mantenerse en sus respectivos ámbitos, evitando cuidadosamente la invasión de terrenos ajenos. Todo el mundo sabe que la mezcla del aceite con el agua va contra la naturaleza de las cosas. Y sabe también que cuando la Política traspasa la puerta de un juzgado, la Justicia sale por la ventana. La politización de la Justicia suele producirse desde fuera, como sucede con el nombramiento de sus altos cargos por un Consejo General del Poder Judicial cuya composición depende del Parlamento. Pero no siempre ocurre así.

La politización de la Justicia puede ser obra de los mismos jueces y magistrados, una especie de politización al menudeo, con nombres y apellidos. Como es lógico, esas derivas se dan con mayor frecuencia cuando la actividad delictiva tiene motivaciones o componentes políticos. De ahí que los casos polémicos se ubiquen casi exclusivamente en los órganos penales de la Audiencia Nacional. No es casual que el lamentable fenómeno de los jueces estrellas encuentre allí su más favorable campo de cultivo, puesto que muchas de sus resoluciones son las que encuentran mayor eco público, precisamente por su repercusión política. La propia actividad judicial contra el terrorismo es sólo parte de una estrategia global en la que juegan asimismo un papel destacado el Gobierno y el Legislador. Y ya que de terrorismo hablamos, recuérdense los crímenes del GAL, investigados por un juez estrella que, una vez fracasado su escarceo político y de nuevo en la Audiencia Nacional, colocaba una X por encima del ministro de Interior mientras que se guardaba mucho de nombrar al presidente del Gobierno. Si no había indicios probatorios para apuntar tan alto, lo correcto hubiera sido no suscitar sospechas sólo políticamente relevantes.

El auto del Juez Pedraz que archiva las diligencias penales por las algaradas ante el Congreso de los Diputados abunda en ese defecto. Sus consideraciones sobre los políticos en general son estrictamente personales y, lo más censurable, carecen de todo interés en el tipo delictivo del artículo 494 del Código Penal. Ese precepto se dirige a “los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

Lo que importa es determinar si sólo el cordón policial evitó la llegada de manifestantes hasta las puertas del Congreso, golpeándolas y vociferando, y si, de ser así, ello habría alterado el normal funcionamiento de sus sesiones, aunque no se llegase a penetrar en el edificio. La entrada se castiga como figura más grave en el artículo 493. Los delitos también se castigan en grado de tentativa cuando la acción criminal se detuvo por causas ajenas a la voluntad de sus autores. Son problemas sobre los que cabe sostener opiniones encontradas que desembocarían o no en el archivo de las diligencias. Por el contrario, nada afecta al tipo penal el que nuestros congresistas o nuestros políticos le merezcan poco respeto a un Juez que, según él mismo proclama, comparte los sentimientos de los denunciados.

Todo juez es muy libre de posicionarse políticamente como guste, pero siempre cuidando de que los argumentos jurídicos de sus resoluciones estén libres de observaciones políticas que, traídas por los pelos y sin el menor interés en la cuestión debatida, serán instrumentalizadas después en la arena partidista. Otro posible efecto, no menos lamentable, de tal proceder es la bendición anticipada de nuevas acciones idénticas o similares a la que ahora quedaría impune por la vía rápida. ¿Se imaginan los lectores una ley en cuya exposición de motivos se tildara de vagos o inútiles a los jueces y magistrados? Yo, no.