El caso Bolinaga

Primero tuvimos el escándalo del terrorista De Juana Chaos, que se burló de todos nosotros, excepto de aquellos que sabían perfectamente lo que ocurriría con su excarcelación pero que, debiendo negársela, optaron por una disparatada interpretación del Reglamento Penitenciario a favor del asesino, curiosamente en línea con la política del Ministerio del Interior. A partir de esos antecedentes, nadie puede sorprenderse porque ahora haya sido agraciado con la libertad condicional uno de nuestros más destacados asesinos etarras, un tal Uribetxeberría Bolinaga, entre cuyas hazañas se cuenta el haber mantenido bajo tierra, en un reducido cubículo y durante 532 días, al funcionario de prisiones Ortega Lara, hasta su rescate por las fuerzas de seguridad.

El trato recibido últimamente por este penado habría bastado por sí mismo para conocer la dirección en que soplaba el viento. Se le clasificó con toda rapidez en tercer grado, un requisito indispensable para la posterior obtención de la libertad condicional. Y su traslado al País Vasco permitió -casualmente, claro- que a los informes médico-forenses o de los servicios penitenciarios pudieran oponerse los procedentes de instituciones también vascas. No valían los de algún centro oncológico madrileño, por ejemplo. Algo muy curioso por cuanto la sede de la Audiencia Nacional se fijó en la capital de España para evitar las presiones ambientales y de otro género a las que habrían estado sometidos los jueces de los crímenes etarras.

La resolución de la Audiencia Nacional hace hincapié en las razones de humanidad que aconsejarían la liberación del asesino enfermo, pero olvida que los artículos del Código Penal sobre la materia no las mencionan siquiera. El principio de humanidad, como el respeto a la dignidad de las personas, ya inspira nuestra legislación penal y penitenciaria. El presupuesto básico de la libertad condicional es, como corresponde a un sistema progresivo que se orienta hacia la reinserción del condenado, el pronóstico favorable en tal sentido. Pues bien, ese requisito no se cumple ni de lejos en el presente caso. El reo no sólo no se arrepiente de sus crímenes o colabora con las autoridades para combatir el terrorismo, sino que parece continuar siendo miembro de la organización etarra, coyunturalmente inactiva pero no disuelta.

Llama la atención que para acordar la excarcelación de este individuo, se ponga el acento en la gravedad de sus dolencias y sus cortas expectativas de vida. La lectura de los artículos 90 y 92 del Código Penal pone de relieve que los enfermos muy graves y con padecimientos incurables, y aun con peligro patente para su vida, pueden alcanzar la libertad condicional aunque falte el requisito del cumplimiento previo de una cierta parte de la pena, pero nunca sin el informe favorable de reinserción social.

Pero hay más. Aquellas previsiones específicas exigen que el peligro para la vida se acredite, precisamente, por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios, sin alternativa posible. Y resulta, además, que incluso cumplidos todos sus requisitos esenciales, la concesión de la libertad condicional sigue siendo potestativa. Si los tribunales la otorgan en un caso así, resulta difícil imaginar algún otro que por su gravedad no la mereciera con mayor razón.

La excarcelación de este asesino terrorista no ha sido jurídicamente correcta. Se han mezclado, como sucedió con De Juana Chaos, el tratamiento penitenciario, en el que se inserta la libertad condicional, y el tratamiento médico, que tiene su propia regulación, no distingue según el grado de clasificación del interno y prevé expresamente el internamiento en centros médicos extrapenitenciarios como aquel en el que ya estaba siendo atendido el enfermo. Era el Gobierno el que podía haberle excarcelado, como a cualquier otro reo, con el indulto parcial del resto de su pena. Eso sí, pagando un coste político muy superior al que conlleva la decisión de la Audiencia Nacional.