Justicia penal, conformidad y chalaneo

Nuestro ordenamiento jurídico no ampara los pactos o acuerdos entre el fiscal y el imputado (o procesado) para fijar las penas de sus delitos. Lo previsto es, tratándose de penas no superiores a los seis años de prisión, la conformidad del acusado con la acusación, reconociendo su culpabilidad y aceptando la pena solicitada. Así se evita la celebración del juicio o se reduce el mínimo. Ya no habrá que ocuparse ni de la práctica de la prueba ni de su valoración, por ejemplo. Todo un ahorro de tiempo y energía procesal cuando el acusado nada tiene que oponer a la acusación porque los hechos están perfectamente acreditados y sus consecuencias jurídicas son incuestionables.

Pero una cosa es conformarse con la acusación legalmente correcta y otra negociar la acusación misma para aceptar después una acusación consensuada a la baja. Entonces la conformidad se convierte en desvergonzado chalaneo con tintes napolitanos. Si tú te olvidas de algún delito, o de una agravante (que efectivamente concurre), y rebajas consecuentemente la petición de pena, yo me conformo y os evito trabajar a vosotros y al juez. Nada de dilaciones o recursos. Se llega a un punto de encuentro, y aquí paz y después gloria.

También puede ocurrir que algún delito se nos quede por el camino, porque eran varios y el acuerdo vale para todos. Un acuerdo que con frecuencia incluye la tácita garantía del fiscal en el sentido de que la ejecución de la pena, o penas, será suspendida gracias a su solicitud y a que el reo carece de antecedentes penales. Lástima -o menos mal- que estos tejemanejes se complican cuando hay otras partes acusadoras.

Nuestro sistema procesal se ha degradado sustituyendo el principio de legalidad por los de oportunidad, economía y mínimo esfuerzo. Y la deriva no se corrige, antes al contrario, con declaraciones tan poco afortunadas como las de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial para explicar o disculpar las posibles negociaciones de los fiscales mallorquines con los letrados de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Bastante más prudente ha sido el Fiscal General del Estado.