Gibraltar

Las lanchas de la policía gibraltareña hostigan a los pesqueros españoles que pretenden faenar en aguas próximas al Peñón. Al lugar se desplazan algunas embarcaciones de la Guardia Civil mientras que una patrullera británica observa la escena a media milla de distancia por si hiciera falta su intervención. Y hay quien reclama la presencia de nuestra marina de guerra. Hasta ahí los hechos. Por ese camino no vamos a ninguna parte. Sólo cosecharemos nuevas frustraciones.

La reivindicación del Peñón no debe hacernos olvidar que Inglaterra (o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sigue siendo más fuerte que España, de modo que impondrá por las vías de hecho su particular interpretación del Tratado de Utrecht cuando sus intereses lo reclamen. Así ha sido siempre y así está ocurriendo con los últimos incidentes en la bahía de Algeciras. Las noticias dadas por nuestros medios de comunicación terminan con la retirada de los pesqueros españoles.

Al hilo de las acusaciones recíprocas, el ministro principal de Gibraltar ha propuesto que las diferencias sobre las aguas territoriales del Peñón se diriman ante un Tribunal internacional. La iniciativa, que ya adelantó Londres en tiempos de Franco, bien merece un estudio serio. Una cosa es nuestra repulsa al mantenimiento en nuestro territorio de la última colonia europea y otra el desahogo con gestos que únicamente revelan impotencia.

El problema de Gibraltar presenta dos facetas bien definidas. De una parte se encuentra la existencia misma de la colonia. Hace ya muchos años que las Naciones Unidas rechazaron la aplicación aquí del principio de autodeterminación de los pueblos. Nada, pues, de un Gibraltar independiente. Un planteamiento que los ingleses han aceptado hasta hoy. Su bandera sólo puede ser remplazada por la de España, tal y como dispone el Tratado de Utrecht. En resumen, que según están las cosas, y oídas las promesas hechas por Londres a los gibraltareños, condicionando su retirada del Peñón a que acepten la soberanía española, aún tenemos colonia para rato.

Cuestión distinta es, sin embargo, la de los límites geográficos de la cesión: istmo, aguas territoriales (también de Levante) e incluso espacio aéreo. Y ahí resulta indudable que la negativa española a solucionar los problemas en sede jurídica internacional debilita nuestras demandas y contribuye a consolidar un “statu quo” que nos perjudica. Nuestra reivindicación de lo principal, el fin de la colonia, es compatible con la conveniencia –también y particularmente para nosotros- de resolver por separado las controversias sobre sus límites.

Nuestra política respecto al Peñón está sobrada de contradicciones y voluntarismo para el consumo interno. Es curioso que los pesqueros españoles viniesen faenando en las proximidades del puerto de Gibraltar gracias a un acuerdo con las autoridades de la colonia. O sea, que habíamos recabado y obtenido su consentimiento para pescar en nuestras propias aguas. Y bueno es recordar que la defensa de la soberanía nacional no compete a la Guardia Civil sino a nuestras Fuerzas Armadas (artículo 8.1 de la Constitución). Pero, naturalmente, nadie quiere un enfrentamiento bélico.

El único “inconveniente” –así, entre comillas- del final de la discusión sobre esas aguas sería que ya no podríamos utilizar el contencioso para, de cuando en cuando, distraer la atención de otros problemas más graves y actuales. No debe abusarse del recurso al patriotismo.