El robo de niños

La Administración de Justicia es un Poder del Estado, pero también un servicio público al que se le critica, con toda razón, por su lentitud. Todos sabemos que la Justicia que se hace esperar demasiado ni siquiera merece ese nombre. Y, puesto que no queremos o no podemos dotarla de más medios, hemos decidido recortar sus tareas. Lo suyo es juzgar y no, por ejemplo, celebrar matrimonios, encargarse del Registro Civil o repartir herencias sin problema. Se dice que los jueces de instrucción serán sustituidos por fiscales. Y son numerosas las faltas penales que van pasando al ámbito administrativo.

Por eso es lamentable que una parte de su actividad se desperdicie en cuestiones que ya hoy no le competen por muy relevantes que sean. Los Tribunales –y en particular la jurisdicción penal- no son un remedio milagroso para resolver problemas residenciados en el Poder Ejecutivo. Ni la invasión de competencias ajenas se compadece con el Estado de Derecho, ni los jueces deben permitirse actuaciones que, como se vio en el caso de Garzón con las tumbas de la Guerra Civil, son luego censuradas por el Tribunal Supremo y hasta pueden constituir delito.

Es una perversión instruir una causa penal o mantenerla abierta cuando la prescripción de los delitos investigados no admite la menor duda. Y en caso de haberla, bueno será disiparla pronto para evitar inútiles diligencias de amplia repercusión pública. Mal podrá defenderse en los juicios paralelos quien, paradójicamente, nunca se sentará en el banquillo.

Viene esto a cuento del proceso abierto por el robo de niños en tiempos lo suficientemente lejanos como para preguntarse si los jueces penales no estarán perdiendo el tiempo cuando las responsabilidades criminales habrían prescrito en el caso de haber existido. Los supuestos culpables, nunca irán a la cárcel, pero serán triturados por ciertos tertulianos televisivos para que el escándalo no decaiga. Y si sentamos en el banquillo a una monja, pues mejor que mejor.

Pero quizá lo más inquietante sea la fundada sospecha –los pensamientos son libres- de que haya en tales devaneos un componente político o una manifestación extrema del uso alternativo del Derecho. Las diligencias abocadas al archivo no habrán servido para condenar penalmente a nadie, pero sí para desprestigiar a determinadas personas y a su entorno ideológico, social o religioso. Si el proceso no llega a buen término no será por culpa de ese juez, sino porque en la Judicatura hay muchos carcas.

Estoy a favor de que las Administraciones Públicas hagan lo posible para que reciban digna sepultura los restos de los asesinados por el franquismo. Y también celebraría cualquier iniciativa para desvelar lo ocurrido con los robos de niños y adoptar las medidas correspondientes. Eso sí, al margen de los jueces y del Código Penal.