La Ley de Transparencia

La Ley de Transparencia está muy bien como un paso más en la lucha contra la corrupción, pero antes de implementarla, según se dice ahora, deberíamos aplicar los muchos preceptos con los que nuestro ordenamiento cuenta desde siempre para combatir esa lacra. Mejor que crear nuevas infracciones administrativas es castigar las conductas ya tipificadas en el Código Penal. Evitaríamos el riesgo de que la nueva regulación acabe sirviendo para que algunos de esos hechos delictivos dejen de serlo al trazar la línea divisoria con los comportamientos sólo sancionables por la Administración.

Los españoles somos muy proclives a buscar la solución de nuestros males recurriendo al BOE para publicar nuevas fórmulas mágicas. Si el retraso medio de los tribunales en dictar sentencia es, por ejemplo, de seis meses, reduciremos el plazo legal de diez días a cinco, lo que no servirá de nada en la práctica pero acreditará nuestro empeño en corregir el mal. Con tan ingeniosas ocurrencias y el aplauso de unos complacientes medios de comunicación, se puede dar la impresión de que se hace algo más que perder el tiempo y engañar al personal.

Vamos a decirlo de otro modo. Si los señores interventores de las cuentas públicas hubieran cumplido mejor su función –o hubieran podido cumplirla-, no nos encontraríamos con esta corrupción extendida por todo el territorio nacional, desde las Baleares a Galicia y desde Barcelona a Sevilla. Y de tal calidad que regalamos el dinero público antes incluso de que el mangante nos lo pida dos veces. Basta con que el personaje se insinúe. La generosa conducta redundará directa o indirectamente en provecho propio. Mientras más alta sea la posición de ese agraciado, más sólida será la garantía de impunidad para todas las andanzas del dadivoso.

¿Y la Inspección de Hacienda? ¿Dónde estaban sus muy competentes funcionarios? Pues seguramente ocupados con esas declaraciones de la renta en las que la nómina constituye la única fuente de ingresos. Parece que la visibilidad de los signos externos de riqueza varía según quien sea el presunto rico. ¿Y la Fiscalía General del Estado? Pues dedicada fundamentalmente a la persecución de la criminalidad que pudiéramos llamar ordinaria. Todos sabemos que es más fácil perseguir al autor de un asesinato flagrante, o casi, que al corrupto versado en fontanería financiera y apertura de puertas ministeriales, autonómicas o municipales.

Más medios para que funcione mejor lo que ya tenemos. Más Código Penal y menos Ley de Transparencia. Más penas de prisión y menos inhabilitaciones o multas. Y que aquellas se cumplan a su debido tiempo y sin privilegios penitenciarios frente al resto de la población reclusa. La de toda la vida, para entendernos.

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