El disfrute del botín

No parece que los españoles nos sintamos muy satisfechos con nuestra Justicia. Es insoportablemente lenta y tal vez demasiado cara. Entre la justicia gratuita y la de pago hay tal distancia que puede interesar ser pobre para litigar desde una posición ventajosa. Sólo con ese beneficio, o siendo muy rico, puede uno permitirse el lujo de ir subiendo escaleras, de recurso en recurso y de demora en demora, hasta obtener quizá una sentencia favorable que, quizá también, ya no le sirva para nada ni a él ni a sus herederos. Pleitos tengas y los ganes, que decían sabiamente las gitanas antes de que nos amenazaran con los copagos para mayor gloria de la señora con la balanza, la espada y una venda mejor o peor puesta ante los ojos. Bienvenida sea, pues, la mediación, más rápida y, se supone, más barata. Luego están los escándalos cotidianos de una jurisdicción penal que nos obsequia con espectáculos como el del “Rafita”, en permanente libertad por eso de la resocialización. O el de los privilegiados asesinos a la espera de cumplir dieciocho añitos. O el de los maleantes detenidos y puestos de inmediato en libertad porque el juicio puede retrasarse años y es fácil que sean absueltos en un día muy lejano, cuando ya hayan desaparecido las pruebas, empezando por los testigos.

Podríamos enumerar razones para el descontento, pero hoy quería hablar de algo que indigna especialmente a la ciudadanía: el hecho de que aquí nadie devuelve el dinero estafado, malversado o fruto del cohecho, el tráfico de influencias y demás prácticas de los delincuentes de cuello blanco. O sea, de gentes socialmente bien consideradas hasta entonces, cuando no espejos de virtudes para el resto de la población. Aquí no vale la excusa de que las leyes vigentes no dan para más, porque no es cierto. Aunque la Administración de Justicia no disponga de medios como la Agencia Tributaria, por ejemplo, y a pesar de que muchos ricos, incluso con avión particular o yate (o las dos cosas) puedan ser pobres oficialmente y con declaración de la renta a devolver, la verdad es que la recuperación del botín no recibe demasiada atención por parte de nuestra Administración de Justicia.

De poco han servido las reformas del Código Penal y de la Ley General Penitenciaria para exigir, a efectos de la clasificación en tercer grado o de la propia libertad condicional del reo, la previa satisfacción de las responsabilidades civiles o, al menos, el esfuerzo serio en ese sentido. Los condenados por llevarse millares y aun millones de euros no devuelven jamás un céntimo so pretexto de haberse cometido con ellos un grave error, puesto que en realidad son inocentes. Su buena conducta carcelaria será malentendida después como prueba de una innecesaria resocialización.

Estos ciudadanos suelen ser, además, de salud muy delicada. Con los achaques bien certificados por los mejores especialistas médicos del país, pronto volverán a sus anteriores residencias para continuar disfrutando del mismo nivel de vida que tenían antes de sentarse en el banquillo. Las curaciones milagrosas siempre han gozado de gran predicamento en España. Y en el peor de los casos, las complicaciones procesales y los recursos pertinentes, y no pertinentes, harán muy difícil que el penado entre en prisión antes de cumplir los setenta años. Alcanzada esa edad, los Jueces de Vigilancia le concederán automáticamente la libertad condicional. Nadie volverá a interesarse por el botín. No sería de buena educación molestar a los ancianos. O a estos ancianos, para ser más exactos.

Hay también otros personajes que no son delincuentes pero se lucran a través del delito, haciendo suya parte de las ganancias. Según el artículo 122 del Código Penal, deben devolver lo recibido o indemnizar si eso resultara imposible. Y lo primero será citarles de comparecencia en el Juzgado para ser oídos sobre el particular. El precepto es de tal importancia que bien merece un comentario aparte. Dejémoslo para otro día.

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