Sobre el Rey y la Familia Real

La Familia Real sólo es mencionada en la Constitución a propósito de la distribución de la cantidad que recibe del Presupuesto para atender a su sostenimiento y al de la Casa Real, pero no se ha promulgado hasta hoy ninguna Ley que determine su composición. El RD 2917/1981, relativo al Registro Civil de las personas de la Familia Real, ni tiene dicha finalidad ni puede «per saltum» llenar ese vacío. Otra cosa es que ningún miembro de la Familia Real, salvo el propio Rey, disfrute de privilegio alguno en los ámbitos procesal y procesal penal más allá de lo dispuesto sobre su declaración testifical por escrito conforme al art. 412 LECrim.

En la Constitución de 1812, conocida vulgarmente por «La Pepa», aunque fue promulgada el 18 de marzo y no el 19, puede leerse que «la persona del Rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad» (art. 168). La fórmula del juramento para advenir al Trono incluye, sin embargo, la curiosa expresión de «no cogeré jamás cantidad alguna de frutos, dineros, ni otra cosa sino las que hubieren decretado las Cortes», y a reglón seguido se dispone que cuanto contraviniere a tal promesa y a los demás extremos de los deberes asumidos «sea nulo y de ningún valor» (art. 173). Hay previsiones sobre la sucesión a la Corona (arts. 174 y siguientes), pero falta toda referencia a la Familia del Rey, la Familia Real, La Casa del Rey o la Casa Real y, consecuentemente, a una dotación para las mismas.

Para la Constitución de 1837 la persona del Rey continúa siendo inviolable y no está sujeta a responsabilidad alguna, pero es, además, sagrada, recayendo la responsabilidad sobre los Ministros (art. 44). Aparece por primera vez «su familia», con minúscula: «La dotación del Rey y de su familia se fijará por las Cortes al principio de cada Reinado» (art. 49). Como si se temiera que después pudiese haber enojosas presiones para él aumentarla. La Constitución de 1845 repite en su art. 42 el texto del art. 44 de 1937, y en su art. 48 el del anterior art. 49. Sigue sin concretarse el concepto de «familia» con minúscula.

La situación varía con la Constitución de 1869. Para su art. 67 «la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad », pero deja de ser sagrada. También se declara la responsabilidad de los ministros. Sigue sin mencionarse siquiera una Casa del Rey y desaparece la referencia a la «familia», quizá porque al escribirse el sustantivo con minúscula se trataría de algo privado. Se insiste, no obstante, en que «la dotación del Rey» se fijará al principio de cada reinado (art. 76).

En la Constitución de 1876 «la Persona del Rey es sagrada y inviolable» (art. 48), pero «son responsables los ministros» (art. 49). Llama la atención el retorno de la sacralidad personal, si bien lo más interesante sea la reproducción casi literal de lo previsto sobre la dotación en el art. 49 Constitución de 1837 y en el art. 48 Constitución de 1845. El único cambio consiste en que ahora la dotación es «del Rey y de su Familia», con mayúsculas los dos sustantivos (art. 57), lo que apuntaría más hacia la Familia del Rey que hacia la Familia Real.

La Constitución de 1931 proclamó, según lo normal en esta forma de Gobierno, que «el Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales» (art. 85). Entre ellas se encuentran sus actos y mandatos no refrendados por un Ministro (art. 84). Ningún privilegio se prevé respecto a la aplicación en su caso del Código Penal.

Una vez restaurada la Monarquía, la Constitución de 1978 declara que «la Persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad alguna» (art. 56.3), si bien sus actos serán siempre refrendados por un Ministro salvo lo dispuesto en el art. 65.2. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para «el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma» (art. 65.1). Desaparece la prohibición del posterior aumento de esa cantidad y la figura del Rey viene a integrarse en su Familia. También se menciona por primera vez su Casa, siendo el Rey quien nombra y releva libremente a sus miembros civiles y militares (art. 65.2).

Se comprende que la Constitución no deba ocuparse de la composición de la Familia Real (o del Rey), pero la falta de una Ley Orgánica sobre la misma difícilmente puede suplirse con disposiciones de rango menor y con finalidad muy distinta. Aunque esa indefinición tenga escasa importancia de puertas hacia adentro, puesto que el Monarca dispone libremente de las cantidades recibidas para el sostenimiento de su Familia (y de su Casa), sí que la tiene, y mucha en la proyección de la Familia Real hacia el exterior. Lo que está ocurriendo estos días en relación con el Duque de Palma así lo acredita.

El comunicado de la Casa Real de 8 de diciembre se remite al art. 7 RD 2917/1981, de 27 de noviembre, como determinante de la composición de la Familia Real, pero tal entendimiento no es en modo alguno convincente. Dicho Real Decreto se circunscribe al Registro Civil de la Familia Real, disponiendo que en aquél «se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho u actos inscribibles con arreglo a la legislación del Registro Civil que afecten al Rey de España, su Augusta Consorte, sus ascendentes (sic) de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona». Naturalmente, una cosa es anotar el matrimonio de un miembro de la Familia Real con una persona determinada y otra que ésta se integre automáticamente en aquélla. Resulta esclarecedor que la Consorte del Rey sea mencionada especialmente, porque eso lleva a la interpretación en sentido contrario para los otros cónyuges. Ni siquiera la Princesa de Asturias entraría en la Familia Real por ese artículo.

Sucede, de otra parte, que la composición de la Familia Real no puede quedar al arbitrio del Gobierno de turno porque se daría un salto mortal desde el art. 65 Constitución para eludir la necesidad de una ley. Todo cuanto se haga a nivel inferior lo será a partir de lo que se hubiese legislado sobre el particular y como desarrollo de ese presupuesto.

No puede sorprender que el propio Código Penal prefiera eludir la mención de la Familia Real para referirse en concreto «al Rey, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina Consorte o al Consorte de la Reina, o algún miembro de la Regencia, o al Príncipe de la Corona» (arts. 485, 486, 487 y 491 en los delitos de la Corona). Se cita a la Reina consorte pero no a los consortes de los descendientes en general ni a la consorte del Príncipe de Asturias en particular.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone en su art. 412.1 que «estarán exentas también de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito, las demás personas de la Familia Real». Continuamos sin saber quiénes son esas otras personas. Lo único que cabe afirmar es que la Familia Real no se agota en «el Rey, la Reina, sus repetidos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino», puesto que estas personas ya están exentas de la obligación de declarar en el art. 411. Volviendo al art. 412, algo se ha avanzado desde «las demás personas Reales», en la redacción vigente de ese artículo en el siglo XIX, pero no lo suficiente.

Añádase la inconsistencia del argumento que configura a la Familia Real según disponga el Rey de los fondos recibidos de los Presupuestos del Estado. Carece de sentido identificar a la Familia Real como institución de derechos públicos acudiendo a la libre disposición de aquellas sumas sin que se sepa quiénes sean los destinatarios o las razones del reparto.

En todo caso, los efectos de la indeterminación de los miembros de la Familia Real en las esferas penal y procesal penal son muy escasos. Sólo la persona del Rey es «inviolable y no está sujeta a responsabilidad alguna», como se lee en el art. 56.3 Constitución. Prescindimos ahora del art. 27 Tratado de Roma, creador de la Corte Penal Internacional, a cuyo tenor su aplicación será sin distinción alguna basada en el cargo oficial del presunto delincuente: «En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena». Por muy absurdo que ese precepto resulte en relación con el Rey de España, su literalidad no se aviene bien con nuestra declaración constitucional.

Por el contrario, las restantes personas de la Casa Real casi no disfrutan de ningún trato particular en aquellos ámbitos, desde las detenciones y prisiones provisionales hasta los procesamientos. Incluso quedan al margen de las previsiones que favorecen a los senadores y diputados en las detenciones, sin olvidar su fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el requisito de que las Cámaras accedan al obligado suplicatorio para su procesamiento. Véanse los arts. 750 a 756 LECrim., 10 a 14 Reglamento del Congreso, 21 y 22 Reglamento del Senado, y 57 LOPJ. Puede que la comparación sea injusta con la Familia Real, pero eso es lo que hay de «lege data». De la pertenencia o no a la Familia Real sólo depende la posibilidad de testificar por escrito conforme al art. 412 de la Ley procesal.

Y para terminar, un par de líneas sobre el caso de un yerno o una nuera del Rey. Si, contra lo que aquí se sostiene, fuese miembro de la Familia Real en virtud de su matrimonio, resulta obvio que sólo dejaría de serlo a través del divorcio, hubiera o no condena por delito. Otra vía sería la modificación del Real Decreto sobre el Registro Civil, lo que no parece jurídicamente aconsejable. Cuestión distinta es que el Rey le aparte de los actos institucionales. Hay que diferenciar, de otro lado, entre una posible enervación de la presunción de inocencia en el ámbito penal, por sentencia firme tras algunos años, y el descrédito por un determinado comportamiento no necesariamente delictivo o, al menos, no ejemplar.

** Artículo publicado en www.diariolaley.es el 9 de enero de 2012