Reflexiones sobre la condena del juez Garzón

La condena del juez Garzón por un delito de prevaricación ha molestado, por decirlo suavemente, a quienes consideran que la aplicación de la ley depende de la ideología del justiciable. Es la doctrina del derecho de autor, tan grata al nacionalsocialismo como al comunismo y demás totalitarismos. No se trataría de saber si ese juez dictó una resolución injusta al intervenir las comunicaciones de unos presos preventivos con sus abogados, sino de denunciar que es “víctima de una casta de terroristas al servicio de la venganza institucional”, según proclama un ilustre exfiscal que nunca ocultó sus preferencias políticas. Los terroristas serían los magistrados del Tribunal Supremo que han osado cumplir con su deber.

A Garzón se le condenó por unos hechos que, probados en un juicio justo, constituyen, según los siete magistrados del Tribunal Supremo que finalmente le juzgaron tras la recusación de otros cuatro o cinco, el delito tipificado en el artículo 446.3º del Código Penal. Y las variadas ideologías de los juzgadores, en tanto pudieran jugar aquí algún papel, dificultan su descalificación en bloque. Pero no importa, aunque aquellas injurias atenten contra el Estado de Derecho.

El otro gran perdedor en esta causa ha sido el anterior Fiscal General del Estado como responsable último de lo que hacen sus subordinados, bien entendido que en un caso así resulta muy difícil pensar que éstos actuaran por su cuenta y riesgo. El fiscal no sólo no recurrió en su día las resoluciones del juez, sino que colaboró en la selección de las grabaciones obtenidas. Consecuentemente, en el proceso contra Garzón el Fiscal del Tribunal Supremo tenía que pedir el sobreseimiento o la absolución, puesto que se estaba defendiendo a sí mismo. Ha habido condena porque unos Abogados han asumido las obligaciones de la Fiscalía. El mundo al revés, como en los juicios por los GAL y la corrupción del PSOE en tiempos de Felipe González. El Fiscal defendiendo al acusado por interés propio. Increíble pero cierto, y no del todo nuevo.

Sorprende también la pasividad del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo General de la Abogacía en un asunto de tanta gravedad para el ejercicio profesional de la abogacía en relación con el derecho fundamental de los ciudadanos a su defensa en un juicio justo. El Colegio de Madrid anunció su personación en la causa pero después, por razones desconocidas, se abstuvo de hacerlo. Y el Consejo General de la Abogacía, quizá pensado que para eso estaba el Colegio de Madrid, pasó olímpicamente de la cuestión.

En resumen, que gracias a la iniciativa individual de unos abogados defensores, huérfanos de todo apoyo por parte de su Colegio o del Consejo General de la Abogacía, contra la oposición de una Fiscalía condicionada por su anterior actuación en el proceso donde la prevaricación se produjo, y pese a las protestas de muchos políticos de izquierda, sindicalistas y manifestantes más o menos manipulados, ha quedado claro que el derecho de defensa no admite en un Estado democrático de Derecho los mismos recortes que en la Alemania nazi, la Unión Soviética, Cuba o Corea del Norte, por ejemplo.