Próximas reformas en el Consejo General del Poder Judicial

Según el artículo 123.3 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey. De ellos, “doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado”, elegidos entre juristas que cumplan determinados requisitos. Desde un primer momento se entendió que las Cortes sólo propondrían el nombramiento de estos últimos, mientras que los propios Jueces y Magistrados serían competentes en la elección de sus compañeros para ocupar las otras doce plazas. Así lo indicaría la correcta interpretación del proyecto, así se garantizaría mejor la independencia del órgano del Gobierno del Poder Judicial frente al Legislativo, y así lo recogió la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980. O nunca hubo opinión contraria o fue tan débil que pasó completamente desapercibida.

La cuestión no fue debatida siquiera durante la elaboración de la vigente Ley Orgánica, 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que entre otras cosas derogó la antes citada. Y puesto que el Proyecto no introducía novedad alguna en este punto, tampoco fue examinada en el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial. Pero hay más, la sorpresa se retrasa hasta que, tras el trámite del Congreso, el senador Sr. Bandrés presenta en la Cámara Alta su famosa enmienda. El Senado la aprueba de inmediato y el Congreso la asume. De ese modo se produce el cambio legal que tanto ha perjudicado a la independencia del Poder Judicial o, al menos, a su imagen.

El resto es bien conocido. La sociedad percibe la composición del Consejo General del Poder Judicial en términos absolutamente partidistas. Se refleja en la promoción para los cargos más importantes de la Magistratura, empezando por los Magistrados del Tribunal Supremo y siguiendo por los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. En resumen, que la carrera de Jueces y Magistrados depende en buena parte de la voluntad de los políticos, lo que no redunda precisamente en el ejercicio imparcial de la jurisdicción. El PP prometió en su día volver al anterior sistema si ganaba las elecciones pero, llegado el momento, optó por una solución de compromiso con el PSOE. Las dos Cámaras siguen proponiendo al Rey los nombres de los doce Jueces y Magistrados, si bien aquellos serán escogidos por las Cortes Generales entre los previamente seleccionados por sus compañeros. Como cabía esperar, continuaron las críticas. Todo quedaba en un pobre maquillaje de la realidad.

El anuncio del nuevo Ministro de Justicia, asegurando que esta vez sí se cumplirá fielmente aquella promesa –repetida, además, en las últimas elecciones- es una muy buena noticia. No una panacea, pero sí un imprescindible paso para garantizar mejor la independencia del Poder Judicial en general y de sus titulares en particular. Ahora habrá que ver cómo se articula esa propuesta, si a través de unas asociaciones que, injustamente o no, han sido vistas durante muchos años como excesivamente próximas a uno u otro de los partidos políticos mayoritarios, o por un sistema que, como el de elección directa, atenúe su protagonismo, o por un procedimiento mixto. En todo caso, desandaremos un camino equivocado, y, a partir de ahí, podremos avanzar en la dirección correcta.

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