La Sentencia

A salvo la suerte que corran los recursos de casación ante el Tribunal Supremo, la actuación judicial por el asesinato de la joven Marta del Castillo ha llegado a su fin. Primero fue condenado por encubrimiento “el Cuco”, un individuo que, aunque ya bastante crecidito, todavía pudo acogerse a la benevolente Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Y ahora, en el juicio contra los acusados mayores de dieciocho años, sólo se condena a uno de ellos, Miguel Carcaño, a veinte años de prisión por asesinato, mientras que se van de rositas Samuel Benítez, Francisco J. Delgado y María García. El propio Miguel Carcaño es también absuelto por delitos de violación y contra la integridad moral de los padres de Marta.

Lo sucedido el día de autos sólo ha podido esclarecerse parcialmente, de modo que las peripecias de la investigación policial y la instrucción judicial quedaron grabadas a fuego en la opinión pública. La policía perdió unas horas preciosas, siguiendo después, y haciendo seguir al juez, diversas pistas falsas. Para encontrar el cadáver de Marta se realizaron costosas, aparatosas e infructuosas búsquedas. Y no se logró romper la red de mentiras y contradicciones que, continuadas durante el juicio oral, ha determinado esas muchas absoluciones por la presunción constitucional de inocencia.

Se explica sobradamente que la indignación de los padres y familiares de la víctima sea compartida por buena parte de una ciudadanía especialmente sensibilizada por las patrañas urdidas sobre el paradero del cadáver. Su desaparición ha contribuido, además, a la absolución por una violación no acreditada. Dicho lo anterior, las críticas no deben perderse en un “totum revolutum” con mezcla de responsabilidades muy distintas. Conviene, por el contrario, analizar con algún cuidado lo que se ha hecho –o no se ha hecho, o se ha hecho mal- desde que se tuvo noticia de aquella muerte.

El fracaso de la policía judicial en el esclarecimiento de lo ocurrido ha sido la causa principal de que finalmente no se haya podido contar con la prueba indispensable para afirmar, sin la menor duda razonable, la existencia se los hechos imputados. Aunque los magistrados estén “casi” seguros de que todo sucedió como sostienen el Fiscal y las demás acusaciones. En su sueldo entra el no dejarse influir por juicios paralelos o populares inaceptables en cualquier Estado de Derecho. Lamentable es que hayan quedado tantos puntos oscuros en beneficio de los acusados, pero a partir de ahí pocos reproches merece la Sentencia.

Bien está que el presidente Rajoy reitere ahora la necesidad de reformar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, demasiado voluntarista y utópica, pero esos cambios no habrían afectado a esta última sentencia. Una vez confirmada por el Tribunal Supremo sólo cabrá cuidar de que la ejecución de la pena no pierda su contenido aflictivo con generosas concesiones del tercer grado y de la libertad condicional. La pena es, ante todo, un castigo que sólo dentro de ciertos límites puede reducirse, en duración o en cuanto al régimen penitenciario común, para facilitar la problemática rehabilitación del reo, en este caso un asesino particularmente perverso.

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