La tardía imputación del Duque de Palma

El hecho de que hayan tenido que transcurrir muchos años para que la Justicia se ocupase de los posibles delitos del Duque de Palma dice poco a favor de nuestra Jurisdicción Penal. Pero dice menos todavía de esos inspectores u otros funcionarios del Ministerio de Hacienda a los que no se les pasa un error de diez euros en algunas declaraciones de la renta -las de los ciudadanos con nómina, por ejemplo –mientras que no se enteran de las ganancias multimillonarias que, al socaire de contratos no siempre muy ortodoxos, cuando no de chanchullos clamorosamente delictivos, se enriquecen a la vista de todos. Son las fortunas que acaban en paraísos fiscales para que sus dueños no paguen impuestos y puedan continuar bailando la gratificante danza del dinero negro. La economía sumergida no se da solamente entre los obreros en paro o en apuros. La igualdad ante la Ley, proclamada en el artículo 14 de la Constitución, se aleja así de la realidad como el derecho al trabajo o a una vivienda digna.

Gracias a esa pasividad por falta de medios o por cualquier otra razón, y también a que la obligación de promover la persecución de los delitos se aplica selectivamente pese a que su incumplimiento por parte de las autoridades y funcionarios se castigue en el artículo 408 del Código Penal, estos maleantes de cuello blanco suelen gozar de impunidad si son personas relevantes en el mundillo de las finanzas o –simple casualidad- si tienen amigos mejor situados todavía. Recordar además el deber general de denunciar conforme a los artículo 559 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo la terrible amenaza de una multa de veinticinco a doscientas cincuenta pesetas, resulta ridículo y de mal gusto. En todo caso, las consecuencias de haber convertido la legislación en papel mojado son graves. Unas veces el delito, simplemente, no se persigue. Otras, las multimillonarias estafas o apropiaciones indebidas prescriben aunque hayan sido comprobadas en sede judicial (recuérdese el caso de “los Albertos y las Torres Kio”*), y si hubiera sentencia firme, la pena será reducida frecuentemente aplicando la atenuante de dilaciones indebidas. Es decir, el mal funcionamiento de nuestra Administración de Justicia redunda también por esta vía en provecho de los delincuentes.

Lo que más sorprende en el caso Urdangarin no es que el Juez le impute ahora por lo ocurrido hace cinco seis años, sino que esta diligencia se haya demorado varios meses respecto a las practicadas con otros implicados. Por fortuna, su citación para declarar próximamente interrumpe la prescripción de sus posibles delitos. Restan, sin embargo, las salpicaduras de este espinoso asunto sobre la propia Infanta Cristina, al menos en su condición de testigo o de receptadora civil del artículo 122 del Código Penal. Algún diputado ha pedido ya su imputación, junto a su marido por estos mismo hechos.

Los Tribunales tienen ante sí una tarea muy difícil, por los hechos mismos, por las personas presuntamente responsables y porque la opinión pública seguirá su actuación con lupa. Habrá que mantener en equilibrio la balanza de la Justicia, aun sabiendo que siempre habrá voces interesadas en señalar que está trucada en un sentido u otro. Y una última advertencia. Quizá se equivoque el abogado de Urdangarin si insinúa siquiera, en sus entrevistas o declaraciones, que su defendido está siendo peor tratado que el común de los españoles. Le costará menos trabajo –suponiendo que lo consiga- la absolución del Duque de Palma ante los Tribunales que ante la opinión pública.

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