El nuevo Fiscal General del Estado: Eduardo Torres Dulce

La tan traída y llevada politización de la Justicia suele referirse a los nombramientos y promociones de jueces según los intereses del Poder Ejecutivo, o sea, del partido político del Gobierno. Nuestra monarquía parlamentaria se caracteriza por la plena sintonía del Poder Legislativo con el Ejecutivo, de forma que sólo el Judicial garantiza la existencia de un Estado de Derecho y no de una simple división de funciones bajo el mando supremo de una misma persona. Con otras palabras, de un líder político al que directa o indirectamente deberán sus cargos los ministros, la mayoría de los diputados y senadores, la mayoría también de los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y un largo etcétera repartido por los Tribunales Superiores de Justicia y otros órganos judiciales. Naturalmente, el efecto más notorio de ese entramado es la difícil persecución penal de la delincuencia institucional o protagonizada por quienes se hallan en buena sintonía con los poderosos, si es que ellos mismos no lo son.

Pero la balanza de la Justicia puede estar desequilibrada por la impronta política de un Fiscal General del Estado cuyos nombramiento y cese corresponden discrecionalmente el Gobierno. Sólo hay un Fiscal, el Fiscal General, y los demás miembros de la Fiscalía, o de la Carrera Fiscal, actúan como delegados suyos conforme a un riguroso principio jerárquico. Se hará siempre lo que disponga el Jefe, una denominación que marca bien la diferencia con los jueces y magistrados sólo sometidos al imperio de la ley, como dispone el artículo 117 de la Constitución. Es un secreto a voces lo distinta que ha sido la actuación de los fiscales en unos supuestos u otros, atendiendo al color político de los implicados. Vistas las circunstancias, no cabía esperar otra cosa. Conviene recordarlo cuando se pretende que los jueces de instrucción sean sustituidos por los fiscales. O se concede a estos últimos el mismo estatuto de los jueces o nos quedaríamos con un Poder Judicial condicionado por la voluntad del Gobierno. No en vano se trata también de reducir paralelamente el ejercicio de la acción popular hasta dejarla en casi nada. Por fortuna, su absoluta desaparición tropezaría con su reconocimiento constitucional.

Bueno es, por todo ello, que acceda al cargo de Fiscal General del Estado una persona tan cualificada como Eduardo Torres Dulce, de gran prestigio en esa Carrera Fiscal a la que pertenece desde hace mucho años y en la que ya ha ocupado puestos relevantes por méritos propios. O que ha dejado de ocuparlos porque, pese a la opinión del Consejo Fiscal, el ahora dimitido Cándido Conde Pumpido, su antecesor, optó por otros candidatos políticamente afines. Quizá sea mucho pedir que el Ministerio Fiscal cambie pronto en la línea aquí defendida, pero una persona como el nuevo Fiscal General es la mejor garantía de que la política poco o ningún papel tendrá en el ejercicio de sus funciones. Amén.

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