La igualdad ante la ley (en Israel)

No son pocos los artículos que he escrito censurando el comportamiento de Israel con los palestinos. Clama al cielo su continuada desobediencia a los requerimientos de esas mismas Naciones Unidas a las que debe su polémica existencia en tierras pobladas desde siglos atrás por gentes de cultura y religión muy distintas. Incluso he apuntado al posible genocidio por impedir el retorno a varios millones de palestinos huidos durante las guerras, además de llevar a cabo una política colonial, excluyente y depredadora en los territorios que aún ocupa y explota más allá de sus fronteras.

Pero todo eso, compresible pero no justificable por la tragedia del Holocausto, ocurre de puertas hacia fuera. Dentro del Estado de Israel las cosas son muy distintas. No sólo se trata de la única Democracia de Oriente Medio entre dictaduras sangrientas y monarquías teocráticas, sino también de un país que se toma en serio la división de Poderes y la igualdad de todas las personas ante la Ley, sin que el cargo, la buena familia y otras circunstancias dificulten la aplicación del Código Penal. La Justicia no siempre funciona tan bien en la vieja Europa.

Puede que, por estos lares, ya la persona del rey sea inviolable según mandato constitucional, pero donde no ocurre así, como es el caso de las Repúblicas, parece que las responsabilidades penales tampoco se exigen con mediano rigor ni a los Jefes de Estado ni a los Ministros. Habrá diversas explicaciones, pero el resultado es el mismo. Ha sido en Israel donde han encarcelado a un antiguo Presidente condenado a siete años de prisión por violación y acoso sexual. Y el reo comparte celda con un exministro de Sanidad que aceptó sobornos a cambio de información privilegiada. En los veintitantos países de la Unión Europea no suele verse algo semejante. O por aquí somos un dechado de virtudes, o nos fallan los mecanismos legales, o no se entiende nada. Israel cuenta con unos seis millones de habitantes mientras que nosotros nos acercamos a los quinientos.

En España, cuando un ministro del Interior entró en la cárcel por su responsabilidad en algunos crímenes del GAL, una organización terrorista a la sombra del Poder, los malos habrían sido los jueces que se atrevieron a condenarle en una sentencia inicua, según adjetivación procedente del Ejecutivo. Al delincuente se le despidió efusivamente a la puerta del penal con una pintoresca representación del corro de la patata. Increíble pero cierto. En Italia, el corrupto se pone a salvo en Túnez. Y en Francia se condena pero no se cumple la pena de prisión.

No hay que alegrarse de que los Jefes de Estado o los Ministros delincan, pero sí de que entonces se les juzgue y, si procediese, se les condene, de modo que todo eso de la igualdad ante la ley no se quede en un bello decir para consumo de una ciudadanía sólo preocupada por su nivel económico de vida. Si nuestros dirigentes políticos –y no me refiero sólo a los españoles- son de igual madera que los israelíes, puede que la Justicia funcione mejor en aquel pequeño Estado de Oriente Medio. Al menos en lo de no mirar para otro lado cuando el delincuente pertenece a la llamada buena sociedad en sus variadas manifestaciones. O sea, la que debiera dar ejemplo.

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