Un paso atrás en la lucha contra la corrupción: el Código Penal de 1995

Cuando la corrupción se ha convertido en uno de los peores males que sufren hoy, en mayor o menor medida, nuestras Administraciones Públicas, y cuando se llega a solicitar en sede parlamentaria la exigencia de responsabilidades penales a quienes, como administradores de los caudales puestos a su disposición, hicieron con ellos lo que les vino en gana, resulta oportuno recordar que el volumen de esta lacra habría sido bastante menor si el vigente Código Penal de 1995 –el llamado a servir de ejemplo al mundo mundial, como gustaba decir un destacado político- no hubiese descriminalizado una variante de malversación impropia que había sido delito desde el Código Penal de 1848. Era una figura pocas veces aplicada, pero en lugar de poner los medios para que no quedase en letra muerta, se optó por el camino equivocado: el de extraerla de nuestro ordenamiento penal.

El artículo 397 del anterior Código Penal seguía castigando al funcionario público –concepto que se extiende a las autoridades- que “diere a los caudales o efectos que administrase una aplicación pública diferente de aquella a que estuviesen destinados”. Pero ahora el artículo 433 del Código Penal de 1995 sólo se ocupa de “la autoridad o funcionario público que dedicara a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. Gracias a este pequeño cambio ya no importa penalmente si el dinero previsto para combatir la hambruna de África acaba en la fastuosa cúpula de una sede ginebrina de la ONU, o si los fondos destinados a los menesterosos, incapacitados o enfermos sirven para que un tropel de concejales den la vuelta al mundo so pretexto de promocionar el turismo.

La responsabilidad por tales tejemanejes queda en casa, por decirlo de algún modo, y la experiencia demuestra que nunca se exige por vía administrativa demasiado mediatizada políticamente. La corrupción se ha generalizado de tal forma que sólo con la jurisdicción penal –y con penas de prisión que efectivamente se cumplan- podrá atajarse el mal. Pero para ello sería necesario legislar como requieren las circunstancias, apostar de verdad por un Poder Judicial independiente y dotarle de los medios precisos para acabar con tanta inmundicia. Los establos de Augias, que limpió Hércules en una jornada, eran poca cosa en comparación con la porquería que hemos acumulado aquí en los últimos años.

Hay que reintroducir en el Código Penal este delito de cuello blanco y quizá completar también la lista de Fiscalías Especiales con otra que se ocupase exclusivamente de esta gente que dispone del dinero público como si fuera suyo. Eso si no es que se lo apropia lisa y llanamente. Los españoles, incluidos los muchos políticos horados, nos alegraríamos.

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