Un triste final de legislatura

La campaña preelectoral se nos va llenando de ocurrencias poco acordes con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Los graves problemas que sufre España no se resuelven, antes al contrario, sacando de la chistera viejos conejillos en pésimo estado de conservación. Los mismos ya utilizados meses atrás con la esperanza de distraer, como ahora, al distinguido público. Es como si la factoría de la que salieron las bombillas de bajo coste, los arreglos de aceras y los cheques del buen rollito nos ofrecieran sus últimas novedades antes de echar el cierre.

Ahí está la subida del IVA, de la noche a la mañana, en la adquisición de viviendas. No se trata sólo del particular que compra un modesto apartamento, sino también de las cuentas de las grandes empresas en tiempos difíciles. Razón de más para que la inversión se retraiga. Y la sensación de desconcierto se acrecienta cuando quienes suprimieron el impuesto sobre el patrimonio porque, según nos dijeron, era injusto, inútil y recaía únicamente sobre las clases medias, lo reponen por eso de que hay ricos y pobres. No importa lo de la doble imposición a partir del previo gravamen de los ingresos, ni la realidad de que los ricos de verdad disponen de vías sobradas para eludirlo, ni el hecho incontestable de que el fisco obtendría mayores ingresos luchando contra la defraudación y combatiendo la economía sumergida.

Pero lo más preocupante es que quien aspira a la presidencia del Gobierno afirme literalmente, y además en Cataluña, que “no puede volver a pasar que el pueblo vote y después un tribunal corrija”. Y que en términos similares se pronuncie nada menos que nuestra ministra de Defensa. No vale añadir con la boca pequeña que si hay que cambiar las leyes, se cambian. El mal ya está hecho. Habría que modificar la Constitución de la Nación Española, pero podría hacerse en el sentido de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos y demás Leyes Orgánicas. No está el país como para jugar con fuego y solidarizarse con quienes desautorizan al Tribunal Constitucional –o al Tribunal Supremo y de paso a la propia Constitución- desde posiciones nacionalistas que, aunque legítimas, han de respetar las reglas de juego que todos los españoles, y no sólo los catalanes, murcianos o andaluces, nos dimos en su día.

Y produce escalofríos oír a algún diputado que, desde su escaño en el Congreso, reprocha a los jueces que hayan condenado a Otegui, un “hombre de paz”, como miembro o colaborador de la banda terrorista ETA. Un entendimiento muy particular de la división de Poderes. El mismo que sirvió para que algunos países comunistas se adornasen con la piel de las democracias más o menos populares. “Nihil novum sub sole”, según decían los romanos. Aunque sus apóstoles de hoy se autocalifiquen de progresistas (o progresistos).