La condena de Otegui

La Audiencia Nacional ha impuesto a Arnaldo Otegui diez años de prisión como autor de un delito de terrorismo. A la misma pena ha sido condenado Rafa Díez Usabiaga, ex-secretario del Sindicato LAB, y a ocho años de prisión asciende la impuesta a otros tres acusados. Ninguno de ellos ha asesinado, secuestrado o chantajeado directamente a nadie, pero los cinco intentaron resucitar a Batasuna, brazo político de ETA, bajo la nueva denominación de Bateragune. Para ser un terrorista basta con pertenecer a la banda asesina o colaborar con ella. No hace falta fabricar el aparato explosivo, apretar el gatillo o mancharse las manos de sangre. También hay clases en las organizaciones criminales, reparto de papeles y gerifaltes de cuello blanco.

Estas condenas son, por decirlo así, provisionales. Quedan el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hasta transcurridos algunos años no sabremos en qué acaba la cosa. Los molinos de nuestro Poder Judicial muelen despacio, quizá porque así interesa a quienes deberían proporcionarle los medios necesarios para que cumplan satisfactoriamente su misión, y el mal se acrecienta cuando se trata del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, los condenados pueden estar en prisión provisional por el tiempo correspondiente a la mitad de sus respectivas penas de prisión conforme a la sentencia de la Audiencia Nacional.

Es arriesgado hacer pronósticos, sobre todo cuando no se conocen los autos (algo que se resisten a aceptar algunos omnisapientes periodistas y preriodistos que alcanzan la verdad por intuición). Además, la condena se apoya en una prueba indiciaria que plantea problemas similares a los que hubo que resolver a propósito de Bildu. Vistos esos antecedentes, parece probable que el Tribunal Supremo confirme la sentencia de la Audiencia Nacional. Más difícil resulta pronunciarse sobre lo que hará el Tribunal Constitucional. Quizá, corrigiendo la doctrina seguida en el caso Bildu, se abstenga de valorar la prueba, pues eso entra en la competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, pero puede también invadirla como hizo entonces.

No es preciso, sin embargo, esperar tanto para felicitarse por la sentencia de la Audiencia Nacional en cuanto, confirmada o no posteriormente, se mantiene en términos estrictamente jurídicos. Nada de realidad social del momento, interpretando torticeramente el artículo 5.4 del Código Civil, ni de togas que deben ensuciarse con el polvo del camino. La mejor política, también en la lucha antiterrorista, es el cumplimiento de la ley sin atajos. Ni por arriba, como con los asesinatos del GAL, ni por abajo con impunidades contrarias al Estado de Derecho.

La política ha de moverse en el marco de la legalidad vigente. Por lo demás, el ejercicio de la potestad jurisdiccional no impide la concesión de indultos, después de las condenas y con determinados requisitos y limitaciones, por razones de conveniencia o utilidad públicas. La ordenada convivencia en un Estado de Derecho exige, como en el dicho marinero, que cada palo aguante su vela. A los políticos les corresponde proponer a las Cortes Generales los cambios legislativos que estimen oportunos. Y a los jueces, aplicar las que estén en vigor.