Las lenguas vehiculares de Cataluña

El presidente de la Generalidad de Cataluña (o sea, de la Generalitat de Catalunya, en catalán) no quiere que los tribunales le toquen las narices (sic) poniendo trabas a la inversión lingüística en la lengua propia de su Comunidad Autónoma. Tan contundente actitud bien merece algunos comentarios porque el señor Mas (don Artur en catalán y don Arturo en castellano) es el máximo representante de España o del Estado español (ahora no vamos a discutir por ello) en aquellas tierras del viejo Reino de Aragón que forman parte de España desde finales del siglo XV. Hablamos, con perdón, de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

La primera consideración es que la derrota catalana en 1714 no se produjo en una guerra de Secesión –como podría dar a entender la “Diada”- sino de Sucesión en el trono de toda España. No fueron los catalanes los únicos españoles que perdieron en su apuesta por el Archiduque Carlos de Austria frente al nieto del Rey Sol. La cuestión lingüística no tuvo entonces la menor relevancia. Así llegamos hasta el artículo 4 de la Constitución de 1932, la de la Segunda República, con su referencia a las “lenguas de las provincias o regiones”, sin perjuicio de proclamar que el castellano es el idioma oficial de la República. Y ese reconocimiento de las lenguas propias se repite en similares términos dentro del artículo 3 de la vigente Constitución de 1978.

La segunda consideración es que si “el castellano es la lengua oficial del Estado” y “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”, mal cabe defender una inmersión lingüística a costa del otro idioma de la Comunidad. Nada, pues, contra las ayudas o subvenciones a las películas o los libros en catalán, por ejemplo, pero sí, y mucho, contra la marginación del castellano como lengua vehicular en la administración o en la enseñanza. Toda oposición directa o indirecta al uso de la lengua materna es un atentado contra la libertad, la dignidad y la identidad cultural de las personas. Como decía Salvador de Madariaga, una bofetada en la mejilla izquierda no es lo contrario a una bofetada en la mejilla derecha. Poco habremos avanzado si del justamente denostado eslogan franquista “¡Hable la lengua del Imperio!” pasamos al repudio institucionalizado de la lengua de Cervantes que es la materna –o sea, la propia- para gran parte de la población catalana.

A partir de ahí, la lengua del señor Mas nos merece los mismos respetos que el castellano o español por antonomasia, de nuevo con perdón, pero no más. La “vehicularidad” del catalán no puede ser en primer término una medida para desplazar a la lengua común, violando la Constitución y la realidad de una sociedad pacíficamente bilingüe. Los hijos de familias en las que se habla normalmente, o exclusivamente, castellano deben ser atendidos en esa lengua, si así lo desean. No sólo los de los funcionarios públicos u otros españoles cuya estancia en Cataluña sea más o menos temporal. Es lo malo que tiene la lengua entendida como signo supremo y politizado de identidad. El círculo catalán se cierra, pero ahora al revés. Con la diferencia, además, de que hoy estamos, según la Constitución, en un Estado de Derecho.