De bancos, hipotecas, desahucios y otros temas de actualidad

En todo Estado de Derecho, y también en otros países que no llegan a tanto, se respeta el aforismo “pacta sunt servanda” o sea, lo acordado por dos o más partes conforme a su libérrima voluntad y siempre que, como afinan los juristas, no haya causa ilícita. Así, mientras que los deudores hipotecarios no demuestren que contrataron coaccionados o con muy deterioradas facultades mentales, están obligados a cumplir lo estipulado en su día, y eso aunque su responsabilidad vaya más allá de la entrega del inmueble al acreedor bancario. Su situación es similar a la del inquilino que, por la razón que fuere, no paga el alquiler.

Verdad es que habrá ejemplos particularmente dolorosos, sobre todo en tiempos de crisis económica generalizada y desempleo galopante, pero las soluciones, suponiendo que las haya, no pueden consistir en la desobediencia a unas resoluciones judiciales que se han limitado a aplicar la legalidad vigente. A las Cortes Generales le incumbe, en su caso, la tarea de reformar nuestro ordenamiento jurídico, si bien evitando, en lo posible, el socorrido recurso a la retroactividad contra unos colectivos previamente demonizados. Luego, si las administraciones públicas dispusiesen de fondos bastantes para ayudar a los hipotecados o a los arrendatarios en apuros, pues que lo hagan. Sería con el dinero de todos y no aplicando al acreedor de turno lo de “a ti te toca la china”. Los bancos tienen muchos accionistas que invirtieron allí los ahorros de toda su vida. En ocasiones, también el acreedor hipotecario y el particular arrendador son víctimas de las nuevas circunstancias.

No debieran tirar piedras contra la banca española quienes no sólo no hicieron nada para que la burbuja inmobiliaria se fuera desinflando paulatinamente, sino que aseguraban hasta ayer mismo que España tenía el mejor sistema financiero del mundo. Los testimonios gráficos del presidente del Gobierno con nuestros más cualificados banqueros en amor y compaña confirmaban ante la opinión pública la solidez y buen hacer de quienes tantos créditos habían concedido para que españoles e inmigrantes pudieran acceder a la propiedad de una vivienda (o de varias).

La verdad es que bancos, cajas de ahorro (de las que nada se dice ahora) y ciudadanos en general pensaban que los precios de los inmuebles seguirían subiendo a lo loco durante muchos años. Algún día terminaría la milagrosa revalorización del ladrillo, pero en fecha muy lejana. Y razones tenían para pensar así, puesto que los ahorros invertidos en la construcción se multiplicaban como los milagrosos panes y los peces. Pero finalmente, con esta inesperada crisis, procedente del exterior pero agigantada por nuestra gestión deplorable y tardía, se derrumbó el castillo de naipes. Unos hicieron su agosto y otros, los últimos, se arruinaron.

Por lo demás, estos ataques a la banca española pueden acarrear penosísimas consecuencias para nuestro ya menguado crédito internacional. Es fácil jugar al populismo y cargar sobre los hombros del banquero –orondo, con puro y sombrero de copa- unas culpas muy repartidas. Por ejemplo, el Banco de España no vio o no quiso ver lo que se avecinaba. O prefirió callárselo. Las cajas de ahorro, gobernadas a veces por personajes de probada incompetencia y embarcadas en proyectos faraónicos para gloria y provecho económico de los políticos de turno, escapan al rapapolvos oficial aunque se encuentren en la ruina. Es la diferencia entre ellos y nosotros.