Previsibles impunidades con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal

No es probable que durante el resto de legislatura se apruebe nada menos que una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la “provisional” de 1882. El tiempo transcurrido desde entonces, sin que nuestro legislador se haya atrevido a reemplazarla por otra más acorde con las circunstancias y avances procesales del siglo XXI, es la mejor prueba de las dificultades que encierra la tarea. Sin embargo, la recientísima aprobación de un Proyecto por el Gobierno aconseja llamar la atención sobre la negativa incidencia de algunas de sus novedades en la independencia real de la Justicia.

La primera sería el traslado de la instrucción criminal desde las manos de un juez independiente y sólo sometido al imperio de la ley a las de unos fiscales organizados conforme a una estructura jerárquica a cuya cabeza se encuentra un Fiscal General designado por el Gobierno. Ciertamente, el sistema propuesto es el más extendido en el derecho comparado, pero la clave está en cómo se configure ese Ministerio Fiscal y en cuál sea el estatuto personal de sus miembros. Si éstos van a ser tan independientes como los jueces y si el Fiscal General no dependiese del Ejecutivo en su nombramiento y cese, la cosa quedaría en poco más que un cambio de etiquetas. Hoy, sin embargo, la situación de partida es muy otra.

Basta echar la vista atrás para constatar que, al margen de la judicialización de la política, la politización de la justicia se debe en buena parte a la actitud de unos fiscales que en ocasiones han actuado en defensa de algunos acusados que resultaron condenados después por delitos con estrechas connotaciones políticas o institucionales. No hace falta mucha memoria histórica para recordar lo sucedido en casos como el GAL y la corrupción a través de FILESA y otras entidades por el estilo. El episodio de “las cartas portuguesas” como instrumento para excarcelar rápidamente y exculpar luego a Amedo y Domínguez es sólo un cualificado botón de muestra.

Pero también son frecuentes hoy los reproches sobre el distinto comportamiento del Fiscal según los escándalos afecten a un partido u otro. A pesar de que las críticas puedan ser a su vez interesadas y no siempre justas, resulta evidente que aumentarían si se implantara en España el nuevo sistema de instrucción, amén de que también habría más supuestos en los que las quejas tendrían sólido fundamento. Y, naturalmente, todo ello perjudicaría al crédito de la Administración de Justicia en su totalidad.

El segundo peligro, complementario del anterior, consiste en las trabas puestas al ejercicio de la acción popular. Verdad es que se presta a abusos, pero éstos pueden ser corregidos por los jueces. La acción popular aparece en el artículo 125 de la Constitución como una forma de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia y rompe, junto a la acción particular, el monopolio fiscal de la acusación. Si en su desarrollo legislativo se limitase y condicionase su ejercicio como ahora se pretende, sólo quedarían de ella el nombre y un par de ejemplares para cubrir el expediente. Ahí está lo ocurrido en numerosos procesos relacionados con el terrorismo etarra. No son pocas las condenas que la sociedad española debe a las iniciativas de las víctimas y no al celo del Ministerio Fiscal. Y tampoco es arriesgado suponer que el propio caso Faisán estaría archivado desde hace años si no lo hubiera impedido el meritorio esfuerzo de unas víctimas especialmente empeñadas en la identificación y castigo de los responsables del soplo o chivatazo. Porque haberlo, lo hubo.

1 comentario
  1. José Ruiz says:

    Ah! Permítame felicitarlo por su ecuanimidad. Son sus líneas, las primeras que leo, objetivas, en 35 (?) años, que hacen referencia a nuestro último dictador

Los comentarios están desactivados.