El estado de la Nación

El estado de la nación española, con perdón, ha empeorado considerablemente en los últimos tiempos. Hay males antiguos que se han convertido en crónicos y contra los que ya nada se hace. Ni siquiera para evitar que sigan agravándose. Otros, más recientes, se veían venir sin que nadie haya adoptado medida alguna para combatirlos. Eso, cuando no son fruto directo de nuestra insensatez. Y aún queda un nuevo achaque que ahora empieza a manifestarse pero cuyo potencial destructivo sólo se materializará en un futuro próximo. El panorama es muy negro y con tendencia a empeorar si Dios no lo remedia, porque nuestros políticos parecen más preocupados por sus intereses electorales que por el bien de este país que se llama España, de nuevo con perdón.

Entre las dolencias crónicas, todas ellas de primera magnitud, se cuentan las provocadas por un virus nacionalista que aprovecha cualquier ocasión para marcar distancias con el resto de España. Ahí está la guerra de las banderas, nunca definitivamente ganada por falta de voluntad política en quienes han tenido y tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Y lo mismo ocurre en Cataluña con esa inmersión lingüística que consiste en ir arrinconando la lengua oficial del Estado, el castellano o español por antonomasia, como si fuera el idioma de una potencia colonizadora y no el habla materna de buena parte de los catalanes. La Generalidad o Generalitat de Cataluña desacata las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, mientras que el Gobierno de turno se pone de perfil. Como en el caso de las banderas, a nadie se le han exigido responsabilidades por la desobediencia.

También los terroristas etarras son nacionalistas, aunque les pese a los nacionalistas democráticos que recogen las nueces del nogal movido por los que se han echado al monte (Arzallus dixit). ¿Quién hubiera pensado hace sólo unos años que una formación como BILDU entraría en el Ayuntamiento de San Sebastián –y en otros muchos- por la puerta grande?

Y como si no tuviésemos ya demasiados problemas, se nos obsequia con una Ley de Memoria Histórica a la que nada cabe objetar en principio, pero que, adobada con buenas dosis de sectarismo, no ha sido el punto final de un largo enfrentamiento fraticida sino, más bien, un intento de reescribir la historia con buenos muy buenos y malos muy malos, víctimas por aquí y verdugos por allá. Para enterrar dignamente a los asesinados en la llamada zona nacional no era preciso abrir ahora una Causa General de signo contrario a la franquista de la inmediata postguerra. Los muertos de uno y otro bando descansarán mejor si dejamos de atizar los odios que nos llevaron al desastre.

No hace falta extenderse sobre la crisis económica. Muchos la vieron venir, pero nuestros gobernantes les llamaron antipatriotas y se enrocaron con la torre marfileña de la ceguera voluntaria. El resultado está a la vista. Casi cinco millones de parados, centenares de miles de pequeñas empresas cerradas o en quiebra, batacazo progresivo de la bolsa, crecimiento de la deuda exterior con intereses cada vez más altos, profundas reformas pendientes en los ámbitos financiero y laboral, temor a terminar como Irlanda, Grecia y Portugal, y empobrecimiento general del país. El regalo de bombillas de escaso consumo, el arreglo de aceras y otras ocurrencias por el estilo son hoy un doloroso recuerdo de cuanto por fin se hizo para resolver uno de los mayores problemas con que hemos tenido que enfrentarnos desde la transición democrática.

Y a ese ramillete de males se le ha sumado últimamente la variopinta acampada en la madrileña Puerta del Sol y en otras plazas españolas. De la protesta inicial, que conectó bien con un amplio malestar ciudadano, se pasó a la “okupación” indefinida de un espacio público, desobedeciendo primero a la Junta Electoral Central y aprovechando después la pasividad de las autoridades. Los “indignados” se han ido cuando han querido, no sin antes cortar durante horas el tráfico en las principales vías de la capital, reservarse el derecho a regresar siempre que les plazca y dejar en Sol un gigantesco adefesio de madera como centro de información, naturalmente sin licencia municipal. El terreno conquistado sigue siendo suyo.

Queda abierto el camino para que los descontentos de mañana puedan disponer de cualquier espacio público cuando quieran, para lo que deseen y por el tiempo que gusten. La crisis económica no había producido hasta ahora problemas de orden público, pero en el horizonte pintan bastos. Lo que ha sucedido estos días ha sido un golpe más al Estado de Derecho. Ya tenemos a otros señores que se lo ponen impunemente por montera.