El otro escándalo del bar Faisán

A estas alturas de la película sólo la obcecación o el interés pueden explicar que aún haya quien niegue la evidencia: el chivatazo para evitar la detención de los cabecillas en el aparato etarra de extorsión. Tampoco caben muchas dudas acerca de que el aviso únicamente pudo provenir de persona bien situada en el organigrama de la lucha antiterrorista. Se especula sobre la identidad del responsable último de tan grave delito, pero para eso están los jueces en el ámbito penal, las Cortes Generales en el político y la opinión pública en el social.

Estas líneas van por otro lado. La actuación judicial en el descubrimiento de la verdad y la persecución de los delincuentes adolece en este caso de una parsimonia incompatible con nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. La conducta delictiva se remonta al 4 de mayo del 2006, por lo que llevamos casi cinco años de diligencias penales sin que todavía se atisbe siquiera el momento de su conclusión. No sabemos cual será el resultado final de tanto esfuerzo, pero son numerosos los indicios que apuntan hacia injustificados periodos de pasividad, en relación a veces con los cambios de juez instructor.

Gran parte de las diligencias practicadas por el actual juez Ruz pudieron y debieron ser acordadas mucho antes. El transcurso de tiempo es el mayor enemigo de las pruebas, por lo general a favor del reo, según sucedería en esta ocasión. Tan extraordinaria demora suscita la vieja pregunta de a quién beneficia (quid prodest) y la preocupante respuesta es que a persona o personas del más alto nivel en los Cuerpos de Seguridad del Estado o en la cúpula del Poder.

Alguien debiera explicar, por ejemplo, si es cierto que el nombre de José María Ballesteros, inspector de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, aparecía ya en un informe policial de 2007 como quien probablemente habría entregado al etarra Elosúa el teléfono del chivatazo, siendo así que la diligencia de reconocimiento personal no se habría practicado hasta enero de 2009. A nadie puede sorprender que la identificación no tuviera éxito casi tres años después de aquel breve encuentro.

En otro orden de cosas, llama la atención que el fiscal, que ahora respalda las nuevas diligencias, hubiese solicitado antes el archivo de la causa. Y también que otro juez estuviese de acuerdo con que no valía la pena perder más el tiempo con una investigación abocada inevitablemente al fracaso. Los jueces, como los fiscales, cuentan con su particular presunción de inocencia, en el sentido de que sus resoluciones o dictámenes responden a su razonado criterio jurídico, pero unos y otros, como la policía y la administración pública en general, deben ser respetuosos con el almanaque, sobre todo cuando la desidia puede repercutir muy negativamente en el resultado de la investigación.

Hay una Inspección de Tribunales en el Consejo General del Poder Judicial para corregir los retrasos que, además de intolerables en sí mismos (justicia tardía no es justicia), servirán en su caso para rebajar hasta en dos grados las penas imponibles. O sea, hasta dejarlas en casi nada. Ese es el otro gran escándalo del bar Faisán: que la justicia no haya sido capaz de agotar sus diligencias en nada menos que cinco años. La alarma social puede provenir tanto del delito como de su insatisfactoria persecución una vez conocido. Aquí se suman lo primero y lo segundo. Y aún cabe añadir otro preocupante factor: el de que los retrasos y vaivenes de los procedimientos penales, e incluso de la jurisprudencia, suelen ser más notorios, no cuando se topa precisamente con la iglesia, sino con los intereses políticos o de otros poderes fácticos sin la menor connotación religiosa.