Una polémica Sentencia del Tribunal Constitucional

Una Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la dictada por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo que ilegalizaba las listas electorales de la coalición Bildu. Al Tribunal Constitucional no le ha convencido la argumentación del Tribunal Supremo dando como probado, aunque fuera por la vía indiciaria, que se trataba de una mera iniciativa de ETA para que su brazo político volviera a las Instituciones. El garante último del nuestra Carta Magna considera que el Tribunal Supremo no procedió razonablemente al valorar aquellos indicios. El reproche es muy grave, porque no habría motivo para pensar que eso no ocurra igualmente en los restantes asuntos de los que ha de conocer.

El Tribunal Constitucional debe cumplir sus funciones aunque ello suponga corregir al Tribunal Supremo, enfrentarse a un mayoritario sentir popular, escandalizar a las víctimas del terrorismo y abrir probablemente la puerta de las Instituciones al entorno de ETA, si no a la misma ETA. Pero su Sentencia no descarta ese riesgo. Sólo afirma que las pruebas disponibles no bastan para acreditar aquella vinculación. Se mantendría así una especie de presunción de inocencia en el ámbito constitucional. También los jueces ordinarios absuelven cuando no tienen la certeza de los hechos, incluso cuando el cálculo de probabilidades sea muy elevado. No dan certificados de buena conducta, sino que niegan la existencia de pruebas suficientes para enervar la presunción a su favor.

Lo que en este caso exacerba las críticas, como en otros de índole política, es la conjetura de que los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional se hayan pronunciado atendiendo más a su ideología que a lo procedente en derecho. O por las evidentes presiones a las que han estado sometidos. Pero las cosas tienen probablemente una explicación más sencilla. A nadie puede sorprender que los partidos políticos apoyen, por vía parlamentaria, directa o indirectamente, a los candidatos cuya concepción del mundo y de la vida les parezca más próxima a la suya, que es para ellos, por definición, la correcta. Y a partir de ahí, la fractura del órgano judicial en grupos perfectamente previsibles resultará inevitable en determinados debates.

Sería lamentable que, una vez derrotado el terrorismo (pese a los posibles efectos negativos de esta Sentencia), sigamos sin resolver el problema de una independencia judicial, de la que, conforme a reiteradas encuestas, y con razón o sin ella, desconfía la sociedad española. Estamos hablando de un pilar básico del Estado de Derecho, y ya va siendo hora de que nos tomemos en serio la división de poderes. Es, por lo demás, absurdo que los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que no se les pide ninguna actividad judicial previa, corrijan las valoraciones probatorias de un Tribunal Supremo cuyos miembros han dedicado su vida a tan difícil labor. El recurso de amparo se convierte así en una muy discutible tercera instancia, tanto por la extralimitación de competencias como por la menor cualificación del Tribunal Constitucional frente al Tribunal Supremo en esta materia. No hay gracia de estado, o de nombramiento cuando de una profesión se trata.