Sortu: La pelota en el tejado

La ilegalización de Sortu, como posible heredera de la vieja Batasuna y parte por ello de su entramado, no depende del carácter más o menos multitudinario que haya tenido la manifestación celebrada el último sábado en Madrid. La inmensa mayoría de los españoles, escarmentados por la experiencia, no quisiéramos correr el riesgo de que vuelvan a las instituciones del País Vasco y de Navarra quienes durante tantos años han sido compinches de ETA, cuando no la retaguardia del terrorismo. No nos fiamos de sus buenas palabras ni de su rechazo de la violencia por imperativo legal ni de su conversión democrática. Las razones son tantas y tan obvias que podemos dedicar las siguientes líneas al aspecto legal del debate.

Como España es un Estado de Derecho, también la iniciativa de Sortu goza de una presunción de constitucionalidad. A los poderes públicos corresponde la aportación de pruebas para concluir que el nuevo partido es un fraude de etiquetas. Aquí no basta –para los jueces, se entiende- con sospechas o creencias personales. La fractura de la llamada Sala del art. 61 del Tribunal Supremo -nueve magistrado frente a siete (con tres presidentes de Sala entre estos últimos) a favor de la ilegalización- revela las dificultades del pronunciamiento en un sentido u otro. Es obvio que el voto particular de los disidentes será muy valioso para argumentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. En lo que a mí respecta, y por lo que conozco del caso, sería injusto reprochar a la policía, a la guardia civil, al fiscal o al abogado del Estado la menor negligencia o falta de interés, pero las cuestiones judiciales han de resolverse en su propio marco jurídico. Y a medio y largo plazo, como suelen decir los políticos, también lo mejor en el terreno práctico es proceder conforme a Derecho.

Se comprende, sin embargo, a quienes temen que vuelva a buscarse un entendimiento con ETA para llegar a una paz sin vencedores ni vencidos. El recuerdo de un ayer no muy lejano forma parte de nuestra reciente memoria histórica. De Juana Chaos, asesino múltiple, fue excarcelado manipulando burdamente el Reglamento Penitenciario. Otegui era un hombre de paz. Los jueces y fiscales ensuciarían sus togas, por una buena causa, con el polvo del camino. Se mantuvo la negociación con ETA tras el “accidente”de la T4, pese a la rotunda negativa oficial. José Ternera sigue en paradero desconocido (como el propio De Juana Chaos). Y las actas intervenidas a los terroristas –redactadas para su uso interno y no para que cayeran en manos de la policía- coinciden en su relato con hechos de general conocimiento.

El Gobierno ha vuelto al buen camino en la lucha contra un terrorismo que, según se nos dice, ha entrado en su fase final, pero que, añado yo, quizás ya estuviese derrotado, o mucho más cerca de serlo, si no hubiésemos perdido demasiado tiempo con el señuelo de la última tregua trampa. Huelgan, además, las promesas de un selectivo perdón no predicado para los demás asesinos, los violadores o los ladrones que dejan de violar, matar o robar. Y altos personajes de la política continúan hablando de los violentos, como si los etarras fueran simples gamberros que queman un par de contenedores en el barrio madrileño de Malasaña. O califican como accidentes o incidentes los delitos de sangre.

La manifestación convocada por las víctimas del terrorismo no ha sido un brindis al sol.