Alberto Contador

Ignoro si Alberto Contador merece ser sancionado o no por la escasísima presencia de clembuterol en su orina cuando se le realizó un control durante el Tour de Francia. La legislación aplicable no sólo no establece un mínimo sino que, además, carga sobre el deportista el asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo. La Unión Ciclista Internacional (UCI) se dirigió a la Federación Española de Ciclismo para que incoase el debido expediente. Nuestro ciclista adujo como probable causa de aquel hallazgo haber comido un solomillo. El instructor propuso sancionarle con un año de suspensión pero el Comité de Competición de la Federación Española acabó absolviéndole. Hasta aquí los antecedentes y los hechos.

Lógico es que la noticia haya sido bien recibida tanto por nuestros deportistas como por los muchos españoles que siguen con enorme interés la suerte de sus ídolos internacionales, sobre todo en eventos tan destacados como el Tour de Francia. Lo que, sin embargo, quizás no haya sido oportuno es que el presidente del Gobierno de España se pronunciase a favor de la absolución. E igual ocurre con las declaraciones del líder del principal partido de la oposición en igual sentido. No es de recibo que quienes pueden influir en el futuro profesional de los jueces les digan lo que deben hacer. Lo mismo da, salvando las distancias, que se trate de magistrados del poder judicial o de estos señores a los que compete decidir en el ámbito deportivo. La peripecia de Alberto Contador tiene mayor importancia personal, social e incluso institucional que muchos de los asuntos sometidos a la jurisdicción propiamente dicha. Todos hemos de procurar que el juzgador de turno decida sin presiones externas. Y a los poderosos corresponde predicar con el ejemplo.

Aquellas inoportunas manifestaciones pusieron en entredicho la independencia y neutralidad de quienes seguramente habrían llegado por su exclusiva cuenta a una decisión absolutoria. No se han hecho esperar las críticas en el extranjero por un presunto caso de politizada solidaridad patriótica. Se lo hemos puesto algo más fácil a la Unión Ciclista Internacional (UCI) y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para recurrir el veredicto ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). No directamente, pero sí entre líneas y por vías informales, saldrá a relucir la probable influencia de dichas opiniones sobre los miembros de nuestro Comité de Competición. Si Alberto Contador resultara finalmente condenado estaríamos, como en tiempos de Franco, ante una conjura internacional.