Corrupción y Justicia (I)

Quizás los dos mayores problemas de España sean el paro y el nacionalismo radical. Tras el paro vienen los restantes aspectos de nuestra deplorable situación económica. Y al nacionalismo ultramontano le acompañan los excesos de un sistema autonómico cada día más costoso y más empeñado en resucitar los viejos reinos de taifas. Pero, desgraciadamente, no les va muy a la zaga la pérdida de valores tan importantes como la honestidad social, por no hablar de la personal, siempre discutida y discutible. Y así llegamos al triste capítulo de una corrupción que en no pocas ocasiones medra a la sombra de los poderes públicos o de los partidos políticos, o en el ambiente enrarecido de las altas finanzas.

El ciudadano tiene la impresión de que quienes debieran denunciar de inmediato tales prácticas, como primeros conocedores de las mismas, prefieren mirar para otro lado por eso de que la ropa sucia se lava en casa –aunque luego allí tampoco se lave- y conforme al solidario dicho de hoy por ti, mañana por mí. Pero en España también se puede denunciar públicamente a un partido político, en sede parlamentaria o autonómica, por la mordida generalizada del 3% en la contratación pública, sin que ocurra absolutamente nada. Después, si algún caso concreto llega a los tribunales, es grande la probabilidad de que el escándalo se desinfle como un globo pinchado. Toda una burla al Estado de Derecho.

El retraso en la denuncia lleva con frecuencia a la prescripción del delito e igual sucede cuando la Justicia deja pasar años –ha leído bien el lector, años- sin preocuparse del asunto pendiente. Tal vez la inactividad se explique por la consabida cantinela de falta de personal o medios materiales pero el resultado no varía: archivo de las actuaciones e impunidad del sospechoso, imputado o procesado. Después, sus colegas, camaradas y correligionarios sacarán brillo a la presunción de inocencia. El sobreseimiento equivaldría a una absolución, de forma que o los hechos no se cometieron nunca o no serían constitutivos de delito. Una conclusión engañosa.

La reacción del así beneficiado debería ser más bien la de lamentar esa prescripción que todo lo tapa, como la capa de Luis Candelas, e insistir en que se investiguen los hechos antes de acordar, si procediera, la extinción de toda responsabilidad criminal por el mero transcurso del tiempo. Pero no, aquí vale todo mientras que no se vaya a la cárcel por una sentencia firme condenatoria que, de recurso en recurso, puede demorarse muchos años. Y aún entonces, la rápida libertad condicional del honorable reo de cuello blanco –acelerada además si se tratara de septuagenarios- les evitará el encarcelamiento. Resulta que el legislador español escribe derecho con renglones torcidos. Estos señores no precisan de resocialización alguna. O sea, que mejor en la calle. Así se evita el riesgo del contagio con la chusma. Aquí paz y después gloria.

Pero tampoco pasa nada cuando, excepcionalmente, la prescripción no afecta al relato fáctico y a su calificación delictiva. Sirva de ejemplo el proceso de “Los Albertos” por sus tejemanejes alrededor de las Torres Kio. El Tribunal Constitucional mantuvo íntegros unos hechos cuya acreditación corroboraba expresamente. Los dos banqueros continuaron sus actividades profesionales y sociales como si nada hubiera ocurrido. España sigue siendo diferente, como decía el viejo eslogan turístico de Fraga.

*Nota de redacción: “Un portavoz de los abogados de Alberto Alcocer y Alberto Cortina ha precisado que, en el caso de las Torres Kio, la prescripción se produjo no porque la justicia dejara pasar años, sino porque los socios minoritarios denunciantes de los citados empresarios esperaron cinco años a presentar la denuncia, con el fin de beneficiarse ellos mismos de la prescripción que sin embargo negaban y niegan al caso, intentando beneficiarse exclusivamente de dicha garantía judicial. En consecuencia, los tribunales aplicaron el mismo criterio para denunciantes y denunciados, primero la Audiencia de Madrid, luego el Constitucional y por ultimo dos sentencias del Supremo. Eso es justicia, no corrupción.”