A vueltas con la presunción de inocencia

Un día se interceptan con autorización judicial las comunicaciones telefónicas de quienes se cree que han cometido un delito. Las conversaciones confirman plenamente las sospechas. No hay margen para malentendidos o interpretaciones fuera de contexto. Además se proporcionan datos tan precisos como el lugar donde se guarda la droga o el material de dopaje. Acto seguido se expiden los correspondientes autos de entrada y registro domiciliario y se encuentran aquellas sustancias en los lugares ya conocidos de antemano. Más aún, los poseedores, que presenciaron los hallazgos, no intentan siquiera negar la evidencia y optan por colaborar dando toda clase de detalles ante la policía y en el propio juzgado. Las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Asunto terminado. Todo sería cuestión de tiempo hasta que la sentencia firme condenatoria pusiera punto final a la presunción de inocencia. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas.

Puede resultar que las intervenciones telefónicas o las autorizaciones de entrada y registro domiciliarios adolecieran de algún defecto esencial como la ausencia de motivación razonable (según lo que entonces se sabía), la omisión de la firma del secretario, el olvido de la prórroga en su momento o la falta de proporcionalidad. Entonces se anularán todas las pruebas, tanto las directamente obtenidas por esos medios como las que traigan causa de aquéllas. Quienes confesaron ignoraban la nulidad radical de las mismas. Es lo que los penalistas llaman los frutos del árbol prohibido (o podrido). A partir de ahí la absolución será inevitable si no hubiera otros elementos probatorios no contaminados.

¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Pues pasan dos cosas. La primera es que seguirá vivita y coleando en el ámbito de la jurisdicción penal. El acusado continuaría siendo inocente y, una vez sentado en el banquillo, ni siquiera podría celebrarse otro juicio por la aparición de nuevas pruebas. Y la segunda, que para el ciudadano de a pie, al que sólo interesa la verdad de lo ocurrido, el absuelto será un narcotraficante o un señor dedicado al dopaje de deportistas. La repulsa personal o social no depende de aquellos vicios de forma. Y lo que aquí se dice vale también para un asesino finalmente absuelto porque se anuló la intervención telefónica que incluso había permitido encontrar el cadáver y el arma homicida.

En resumen, que la presunción constitucional de inocencia, referida a la jurisdicción penal, no debe ser citada en vano cuando no se trata de imponer una pena a nadie. Y también, que deberían exigirse responsabilidades a quienes por acción, omisión, falta de diligencia u otra causa similar, tengan la culpa de que delitos más o menos graves acaben con una absolución escandalosa.