Otra vuelta de tuerca

Las feministas radicales han impulsado una reforma del Código Civil para privar de la custodia de sus hijos a los padres “incursos” en los procesos por maltrato de género. No haría falta ni una imputación formal ni menos aún esperar a una sentencia condenatoria. Se presume que el denunciado como maltratador lo es con toda seguridad y con todas sus consecuencias. Da igual que el proceso sea por asesinato o por uno de esos incidentes que surgen de vez en cuando en una pareja cuya convivencia desde hace muchos años es más que aceptable. El problema se arreglaría denunciando siempre y cuanto antes mejor, aunque ello suponga en muchos casos un futuro peor para los dos miembros de la pareja y para los hijos. Lo mismo que el Código Penal trata ya a todo hombre que insulta a una mujer como a un peligroso delincuente necesitado de cursos de formación –el caso inverso no existiría nunca-, la nueva vuelta de tuerca en la privación cautelar y automática de la patria potestad una vez presentada la denuncia sería un avance en la lucha contra el terrorismo sexual.

Lo que ignoran las impulsoras y los impulsores de la nueva medida cautelar es que la injusticia no sólo es rechazable en sí misma sino que, además, no es el medio más eficaz para alcanzar un fin, por muy respetable que éste sea. Y puesto que lo del terrorismo sexista se ha puesto de moda, conviene recordar, salvando las distancias que ustedes quieran, lo que pasó con los GAL –y también con el saqueo de fondos públicos- para combatir a ETA. Por fortuna, se nos quitaron las ganas de repetir el invento. De otro lado, ya existen previsiones sobre este particular en el Código Civil, lo que hace aún más censurable una reforma legal que atenta contra la presunción de inocencia. Hoy el juez decide a favor de la madre si las circunstancias –con otras palabras, el interés del menor y no el de uno de sus progenitores-, así lo aconsejaran. Un empujón a la madre en una discusión con similar comportamiento agresivo de ambas partes no es razón para quitar al padre la patria potestad sobre el hijo común. Puede ocurrir, por ejemplo, que aquélla beba y su pareja no. O que el varón sea un magnífico padre al margen de sus problemas con la mujer.

Son más que justificadas las críticas que la iniciativa ha recibido de todas las asociaciones judiciales, unidas por la indignación. Se la califica de innecesaria, peligrosa, propagandista y de un automatismo incompatible con nuestro ordenamiento jurídico e incluso con la Constitución española. Por ese camino, lo más práctico sería que la propia policía acordara la pérdida cautelar de la patria potestad. Luego el juez dejaría sin efecto la medida en el improbable caso de sobreseer el proceso o dictar sentencia absolutoria. Mientras tanto –todo sea por la buena causa- las reclamaciones al maestro armero, o sea, al legislador. Eso sí, habría más denuncias para privar rápidamente al padre de la patria potestad sobre sus hijos. A nadie parece preocuparle que al aumentar las denuncias crecen también los homicidios o asesinatos seguidos de suicidio.

Con tanto dinero disponible para aplicar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, falta todavía un estudio serio de ese fenómeno. A cualquiera se le ocurre que en aquellos casos de poco servirá una orden de protección. Las hay por decenas de miles, si es que no llegan a las cien mil. El asesino procurará siempre justificar sus crímenes, pero si hay una denuncia falsa de por medio –otra manifestación de la igualdad natural de los sexos, ¡qué le vamos a hacer!- los efectos pueden ser terribles. A veces se detiene al denunciado sin ninguna necesidad para que, como en un protocolo no escrito, empiece por pasar algunas noches en un calabozo, y se le echa de casa como a un apestado antes de que pueda siquiera defenderse. Y ahora se pretende que, además, se le prive de la patria potestad sobre los hijos.

No basta con dar saltos hacia delante, por bien intencionados que sean. Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino porque las costuras del Derecho están a punto de estallar, si no lo han hecho ya (algunos magistrados del Tribunal Constitucional así lo han entendido).

Hay voces muy poderosas que llevan al absurdo. Se anima a denunciar, se sostiene que la mujer maltratada –cuando aún no se sabe si lo es- no miente nunca, por lo que su palabra debe bastar para la condena. La presunción de inocencia sería una molesta anticualla. Y al juez que se atreve a discrepar del pensamiento políticamente correcto se le denigra como machista, se le denuncia al Consejo General del Poder Judicial y se le hace la vida literalmente imposible. La verdad es que con ese planteamiento la misma figura del juez sobra. Una vez presentada la denuncia todas sus consecuencias estarían fijadas de antemano.

Es escalofriante oir que la defensa de la mujer está por encima de la presunción de inocencia. Ha sido un grave error marginar la mediación para la solución pacífica de alguno de estos problemas. Y nos gustaría saber cuántos países europeos, empezando por los más representativos en los Derechos civil y penal, se han sumado a la discriminación española en su lucha contra la violencia de género. “Otra vuelta de tuerca” es una novela de Henry James. Siglos antes había dicho Calderón de la Barca, por boca de Segismundo, que “el mayor pecado del hombre es haber nacido”. El dramaturgo incluye en el sustantivo tanto a la mujer y al hombre, pero esa frase sólo se referiría a este último en los tiempos que corren.