La muerte digna

Se nos anuncia una ley que garantice la muerte digna como un hito más del ininterrumpido progreso de la humanidad. Pero, aun suponiendo que su disfrute, si se puede llamar así, sea escrupulosamente voluntario, el proyecto suscita una comprensible desconfianza. La principal razón para reformar la interrupción voluntaria del embarazo -por eufemismos que no quede- fue que la normativa vigente se había convertido en una tapadera para los abortos ilegales. Estamos hablando de la muerte alevosa de seres humanos, aunque la ex ministra Bibiana Aído tenga sus reservas. Parece que el caballo blanco de Santiago era blanco, al igual que los fetos humanos serían humanos, pero también en los más altos niveles de la Administración Pública ha habido siempre, o casi siempre, gente “pa tó”, según castiza expresión de algún famoso torero. En todo caso, cualquier avance -¿o retroceso?- en la cultura de la muerte amenaza con abrir la caja de Pandora.

Pero volvamos a esa muerte digna que no se sabe muy bien en qué consiste. Aunque los promotores de la nueva ley la identifican con muerte sin dolor, tal equiparación no es de recibo. Hay que llegar a la quinta y última definición del adjetivo “digno” en el diccionario de la Real Academia para encontrar su significado como algo “de calidad aceptable”, y resulta, además, que la segunda acepción de la palabra eutanasia, la médica, es precisamente la de muerte sin sufrimiento físico. O sea, que de la muerte digna y sin dolor, aceptable en principio para cualquier persona, se pasa fácilmente a una eutanasia que no tiene por qué depender sólo de su decisión individual. Los años treinta y cuarenta del último siglo fueron testigos de hasta dónde se puede llegar por ese camino en la eliminación de vidas humanas que supuestamente carecen de valor.

Si durante las primeras semanas de embarazo basta la voluntad de la futura madre para matar al feto con todas las bendiciones legales, no resulta sencillo cerrar a cal y canto la posibilidad de que también en un futuro próximo se aplique la eutanasia, incluso por cuenta de la sanidad pública, a unos viejecitos o enfermos cuyas facultades intelectuales y volitivas se hayan reducido a cero. Muerte digna y dulce para esa persona –casi una buena obra- y ahorro para las arcas públicas o privadas.

Ignoro hasta qué punto haga falta una ley para que reciba cuidados paliativos el enfermo terminal que así lo desee, por su voluntad en presente, conforme al llamado testamento vital o a través de sus familiares más próximos. O para evitar la prolongación artificial de una agonía con artificios mecánicos y contra toda esperanza. Y creo en el inalienable derecho sobre la propia vida, a salvo las convicciones religiosas. Pero la eutanasia es cuestión muy distinta. Los juegos de palabras encierran graves peligros cuando se trata de la vida y de la muerte.