Una posible negligencia médica: entre la desgracia y el escándalo

La opinión pública está escandalizada con el caso de Antonio Meño, que continúa en coma veintitantos años después de haberse sometido, cuando era un joven estudiante, a una operación de cirugía estética. Su familia agotó las vías judiciales sin conseguir la condena penal del anestesista o, civilmente, del centro sanitario. No se pudo probar negligencia alguna de aquel profesional. Los padres de Antonio fueron condenados a pagar 400.000 euros en costas, se procedió al embargo de su casa y acabaron acampando en una plaza pública de Madrid para protestar ante tamaña injusticia.

Con esos antecedentes, parecía que su causa estaba definitivamente perdida cuando el hoy doctor Ignacio Frade les informa de que, estudiante aún, había sido testigo de la ausencia del anestesista en los momentos críticos de la operación. Y a partir de ahí se produce el escándalo. La Justicia no funciona y, además, se ensaña con las víctimas. Menos mal que ahora, en el juicio de revisión, no le queda otro remedio que enderezar el entuerto. Los magistrados del Tribunal Supremo ya saben lo que tienen que hacer: dar la razón a los demandantes.

Pero no todo vale para desprestigiar a un Poder Judicial cuyos defectos son tan sabidos como la falta de interés público por solucionarlos. Quizá el escándalo no sea en esta ocasión culpa suya. Si no hubo pruebas para condenar por imprudencia médica, la obligación de los jueces era absolver. Para que prospere la acusación o la demanda no basta con que los hechos alegados sean probablemente ciertos. Se requiere que se acrediten sin duda razonable. Las desgracias no se reparan condenando a alguien por meros indicios o sospechas . Y, conviene recordarlo, no es culpa de los jueces que el testimonio del Sr. Frade se haya retrasado tanto. Eso, sin olvidar que las pruebas se valoran en su conjunto.

Dejemos, pues, a los magistrados del Tribunal Supremo que se pronuncien sobre el particular. Seguramente lo harán con mayores garantías de independencia que los abogados de las partes o esos periodistas que no necesitan de los engorrosos trámites judiciales para resolver estas cuestiones.

Quizá el verdadero e indiscutible escándalo se encuentre en el capítulo de la condena en costas. ¿Cómo se explica que éstas asciendan a 400.000 euros? Sería interesante conocer las partidas, conceptos y beneficiados. No vaya a ser que alguien confunda los honorarios de los letrados y procuradores con unos supuestos gastos o tasas judiciales. De otra parte, los embargos por falta de pago no se deben al cruel capricho de los jueces. Son los acreedores quienes los solicitan conforme a la ley.