Las aguas del Peñón

El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, nos reta a llevar a la Corte de Derecho Internacional el contencioso sobre las aguas del Peñón. Su argumentación es tan sencilla como sólida. Si los españoles creemos tener razón, no se entiende nuestra reticencia a que dicho Tribunal se pronuncie sobre el objeto debatido. La propuesta nos coloca en una posición muy incómoda ante la comunidad de naciones. Más no se podría hacer como prueba de la buena voluntad de los gibraltareños. Ellos –es decir, Inglaterra, o Gran Bretaña ahora, como potencia colonial- tienen la fuerza pero aceptarían de antemano una sentencia total o parcialmente favorable para los intereses de España. Por el contrario, un mal vecino aprovecharía su posición dominante en el tablero internacional, y también en términos militares, para rehuir al cambio de una situación fáctica que se va reforzando con el transcurso del tiempo.

No es la primera vez que la otra parte del contencioso toma esta iniciativa. Otra muy similar fue rechazada en los años de Franco so pretexto de que el problema básico era la descolonización, de manera que, resuelto éste, desaparecería el de los límites de la soberanía británica. Lo mismo sucedería con la usurpación de la franja sur de la zona neutral para construir hospitales o un aeropuerto. Confiemos en que ahora nuestro Gobierno medite seriamente sobre la conveniencia de recoger el guante. Lo que no obtengamos por esa vía no lo obtendremos nunca, al menos en un futuro previsible. La descolonización no será más fácil si en lugar de resolver el conflicto jurídico sobre las discutidas aguas, continuamos optando por el lamento siempre que nuestros vecinos, o sus valedores, consideren que están defendiendo sus aguas territoriales.

Nosotros interpretamos literalmente el Tratado de Utrech en el sentido de que la soberanía británica se reduce a las aguas del puerto gibraltareño. Los ingleses estiman, por el contrario, que aquel Tratado es hoy suficiente para delimitar las aguas conforme al nuevo Derecho Internacional. Ahí, en la bahía, y también en la costa levantina del Peñón, donde se ganó terreno al mar para la construcción de un gran puerto turístico y una lujosa urbanización. Y, como es natural, el más poderoso lleva las de ganar mientras que las discrepancias no se resuelvan en un arbitraje o tribunal internacional. Nuestra cansina queja de cada día, lejos de llevarnos a alguna parte, corre el peligro de convertirse en una continuada proclamación de impotencia. Nada ganamos echando de cuando en cuando sal en una herida de la que sabemos que nunca se cerrará con ese tratamiento.

La solución del problema jurídico de la delimitación de las aguas parece tanto más indicada cuando la descolonización del Peñón ha entrado en vía muerta. Los gibraltareños siempre vivieron materialmente mejor bajo pabellón británico que los linenses, por ejemplo, como españoles. Y, además, se sienten británicos. Cuesta decir esto, pero la realidad es tozuda. Se ahorraron la última dictadura del General Franco y disfrutan hoy de un privilegiado nivel de vida. No importa ahora si éste se deba en buena parte a unas actividades que, próximas al parasitismo sobre España, no sabemos o no podemos evitar. La frontera está abierta. Gibraltar se sienta junto a Gran Bretaña y España en el novedoso Foro de Diálogo tripartito. La Constitución gibraltareña impide la retrocesión a España sin la anuencia de una ciudadanía cuya voluntad se divide actualmente entre el mantenimiento de la situación colonial o una independencia que pugnaría con el Tratado de Utrech. La incorporación a España carece del menor respaldo según las repetidas consultas populares. Y la expectativa de una amplísima autonomía no ha obtenido ningún eco.

Habrá que tomarse con calma la recuperación de la soberanía cedida hace trescientos años, pero quizás conviniese resolver ya, de una vez por todas, el contencioso de la bahía y de sus aguas. A mí el monótono ejercicio del derecho al pataleo me cansa. Creo, además, que atenta contra la dignidad de España. O nos oponemos de verdad, y no sólo de boquilla, a la invasión de nuestro espacio soberano, con todas sus consecuencias, o aceptamos que se resuelva civilizadamente en sede internacional un problema que lleva enquistado demasiado tiempo. Yo me inclino decididamente por la segunda alternativa.

Sobre el autor de esta publicación