La instrucción penal, los fiscales y la acción popular

Soplan malos vientos para los jueces de instrucción y para la acción popular. Con ésta, todo ciudadano –perjudicado o no por el delito- puede instar la intervención judicial en el caso y acusar finalmente si hubiera base para ello. Según ha manifestado el ministro de Justicia, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal confiará aquellas competencias a los fiscales y corregirá los actuales abusos en el ejercicio de la acción popular. Cada una de esas reformas por separado puede llevar a la impunidad del Poder por antonomasia, es decir, de los Gobiernos de turno y de los partidos políticos que los sustenten. Y el peligro se multiplica si ambos proyectos llegan a puerto simultáneamente. Esto no significa que ese doble propósito sea rechazable en sí mismo, pero la tutela judicial efectiva debe seguir siendo igual para todos los ciudadanos y en relación con cualquier delito.

Conforme reza el apartado 3 del artículo 117 de la Constitución, la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, compete exclusivamente a los juzgados y tribunales. Pero aquí no se trata de juzgar, sino de preparar el proceso. Sucede, no obstante, que el apartado 4 añade a renglón seguido que, si bien los juzgados y tribunales no ejercitarán más funciones que las dichas, cabe atribuirles legalmente, por vía de excepción, otras en garantía de cualquier derecho. Y ese sería el caso de los jueces como garantes de la instrucción criminal. Recuérdense sus competencias en el Registro Civil o en las Juntas Electorales.

Justo es reconocer que, efectivamente, la instrucción de las causas penales suele confiarse a los fiscales en los países de nuestro entorno, pero esa opción ha de tomarse conforme a las circunstancias de cada país y teniendo muy en cuenta la configuración del Ministerio Público. Si los fiscales españoles compartieran el estatuto personal del juez, empezando por su independencia, la reforma que se vislumbra quedaría –para mí afortunadamente- en un simple cambio de etiquetas. Lo preocupante es que nuestro Ministerio Público tiene una estructura jerárquica, de modo que sus miembros son simples delegados de un Fiscal General del Estado cuyo nombramiento corresponde al Gobierno. Así las cosas, el Ministerio Fiscal en su conjunto no ofrece muchas garantías de imparcialidad cuando están en juego los intereses directos o indirectos de ese mismo Gobierno. Los asesinatos del GAL –donde no iba a haber pruebas según temeraria afirmación del entonces presidente Felipe González, pero al final las hubo- y la corrupción recaudatoria de numerosas “filesas” forman parte de nuestra más reciente memoria histórica.

De otro lado, la acción popular, de larga tradición en España y consagrada por el artículo 125 de la Constitución, es un valioso instrumento de participación ciudadana en la Administración de Justicia. Sobre todo cuando el delito carece de una víctima interesada en el ejercicio de la acción particular, y el fiscal se abstiene, por la razón que sea, de ejercitar la acción pública. Gracias a la acción popular se han dictado muy graves condenas por delitos cometidos en los aledaños del Poder, dicho sea suavemente. Convendría por ello estar atentos al anunciado recorte de esa acción. No vaya a ser que la poda se realice allí donde es más necesaria para la salud pública de un país donde la politización de la Justicia es ya un problema en las actuales circunstancias.