Un quid pro quo: los campamentos de gitanos

Las primeras inmigraciones de gitanos a Europa se remontan a seis siglos atrás. En España, hasta ayer mismo, sólo distinguíamos como grupo especial a los zíngaros. Llegaron de Hungría después de la Primera Guerra Mundial y se ganaban la vida exhibiendo de pueblo en pueblo las habilidades de un oso o, más modestamente, de una cabra que se encaramaba sobre un diminuto taburete a los acordes de algún instrumento musical. Ahora nos enteramos de que, además de los gitanos españoles de siempre, hay sintis y romas en otros países como Rumanía y Macedonia, donde se cuentan por millones.

La integración de las comunidades gitanas ha tropezado con grandes dificultades en todo tiempo y lugar. Sus costumbres nómadas y su fuerte sentimiento identitario fueron siempre un muro casi insalvable. Dejando de lado las numerosas medidas puestas en práctica para solucionar el problema, quizás sea España el país donde se haya alcanzado un mejor nivel de convivencia, respetando simultáneamente las notas diferenciales de ese pueblo. Lo de etnia gitana se me antoja una ridiculez, como lo de llamar subsaharianos a los negros. La igualdad de las personas de cualquier raza en dignidad y derechos fundamentales no se defiende mejor con circunloquios semánticos.

La actual polémica se centra en los campamentos de gitanos venidos de fuera. Se han levantado aquéllos al margen de la ley. De ahí a su conversión en refugio de delincuentes sólo media un paso. Verdad es que nadie puede ser perseguido o discriminado por razón de su raza, pero la controvertida referencia de la circular francesa a los campamentos de gitanos se explica fácilmente por el hecho de que no parece haber otros cuyo desmantelamiento pueda acordarse con igual motivación.

La rápida rectificación del gobierno de París, tras las imprudentes palabras de la comisaria Reding, ha puesto las cosas en su sitio. No se expulsa a nadie por su etnia sino porque aquellas acampadas constituyen un peligro para la salud pública y la seguridad de la comunidad circundante. Los organismos europeos dirán en su día si las autoridades francesas han actuado debidamente, pero la cuestión de fondo no es esa. Lo que en realidad importa es saber si todo país europeo ha de soportar con los brazos cruzados los comportamientos asociales de quienes ya constituyen un problema en su lugar de procedencia. Mal cabe afirmar -pero hasta ahí llega la vanguardia de lo políticamente correcto- que esas gentes, o cualesquiera otras, tengan derecho a una vivienda digna, trabajo, educación, sanidad y demás servicios públicos allá donde les plazca.

El Ayuntamiento de Madrid facilitó en su día a varios centenares de gitanos rumanos decenas de casas a cargo del contribuyente. Incluso se montaron los servicios esenciales para la nueva barriada. Siempre a la cabeza del mundo mundial. Luego los inquilinos desaparecieron un buen día sin dejar rastro. Como de costumbre. Tal vez pensaran que también algún municipio de la costa mediterránea se rascaría alegremente el bolsillo en esta pantomima de la xenofobia al revés.