Una igualdad ante la Ley según y cómo

El artículo 14 de la Constitución Española proclama, como era de esperar, que todos los españoles somos iguales ante la Ley. La declaración es bonita pero no responde a la realidad. Todo depende de la ley en cuestión y, algo más allá, de las circunstancias del caso. Lo de yo soy yo y mi circunstancia, tan socorrido para adornarse con una cita de D. José Ortega y Gasset, podría venir a cuento. O la advertencia popular de que entre el dicho y el hecho hay gran trecho. O lo uno y lo otro, porque son dos verdades complementarias, fruto a su vez del pensamiento filosófico y de la experiencia cotidiana, respectivamente. Para empezar, nuestra propia Carta Magna renuncia a tan loable principio cuando opta por la monarquía hereditaria como forma de gobierno y, dando un paso más, establece la preferencia del Príncipe de Asturias sobre su hermana primogénita.

Pero hoy quisiera hablar de algunas desigualdades entre los ciudadanos de a pie. A las discriminaciones arrastradas desde las normativas sectoriales, por ejemplo, se suma la aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general, según aconseje la coyuntura. De otro lado, la unión hace la fuerza, también frente a la Autoridad, y ésta puede actuar o no según sus particulares intereses, incluidos en primer lugar los de índole política. Ahí tenemos estos días los cortes de carreteras por algunos trabajadores de la minería norteña del carbón.

Si una persona, agobiada igualmente por su personal problema laboral se colocase en medio de una autopista, autovía o carretera, y detuviese el tráfico como medio de presión “al que corresponda” para conseguir un nuevo puesto de trabajo, una subvención económica o el pago de sus alquileres pendientes, la fuerza pública le requeriría de inmediato para que dejase expedita la vía pública. Luego, suponiendo que se negase a ello, se la llevarían detenida a comisaría por desórdenes públicos, coacciones y desobediencia. Y lo mismo sucedería si los contestatarios fueran diez o doce.

Las cosas cambian, sin embargo, cuando el número de perturbadores es mayor y, además, portan banderas sindicales, autonómicas, independentistas o de la segunda República. Entonces se les invita amablemente a deponer su actitud y, si al fin lo hiciesen, después de unas horas o de varios días, se les darán las gracias. Y naturalmente, de responsabilidades penales o administrativas, nada de nada.

Vaya otro botón de muestra. Nunca se había prohibido tanto como ahora. Hasta se habla de prohibir que se fume en los automóviles privados que lleven a un menor de edad. ¿Y por qué no en la propia casa? preguntaría yo. Pero veamos los que ocurre con el ruido. El ciudadano vulgar quizás consiga que la autoridad competente le proteja frente a un par de borrachos que escandalicen de madrugada a la puerta de su casa. Nada logrará, por el contrario, si se trata del multitudinario festejo del botellón o, lo que es más grave todavía, de uno de esos eventos municipales en los que, a cargo del contribuyente y bajo el cínico envoltorio de la cultura popular, se sacrifica el derecho al descanso de los habitantes de todo un barrio. Aunque el juego de las mayorías y minorías pueda explicarse en términos electorales, nunca justificará el suplicio añadido a un enfermo o a otras muchas personas que, simplemente, pretenden dormir, descansar o trabajar en paz. Ahí no importa que los otros, lo que disfrutan con el ruido callejero, sean más numerosos o voten a favor de quienes les dan gusto.