La unidad de España

Todas las opciones políticas son lícitas en una Democracia siempre que no traten de imponerse al margen de una Constitución que tiene sus propios mecanismos de reforma. A los catalanes que se sienten una nación les asiste todo el derecho a expresarlo así, individual o multitudinariamente, como les plazca. La línea divisoria entre nación y nacionalidad es muy tenue. Pero la Nación en nuestra Carta Magna se refiere al conjunto de todos los españoles como titulares de la soberanía nacional. No hay contradicción alguna entre sentirse miembro de una nación catalana, vasca, gallega o asturiana -por razones culturales, lingüísticas, históricas y hasta étnicas, si se quiere- y ser parte, simultáneamente, de la Nación española tal como se entiende en la Constitución.

Lo peligroso y falaz es escribir aquellas otras naciones con mayúscula para poder reclamar la soberanía en parte del territorio nacional. O un derecho a la autodeterminación que, una vez reconocido y ejercitado, quizás desembocase en una confederación o en una asociación libre como la postulada en su día para el País Vasco por el “lendakari” Ibarretxe.

El Tribunal Constitucional que, según la Constitución, es su último y definitivo intérprete, no sólo ha sido atacado e injuriado, sino también declarado ilegal, ilegítimo e incompetente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto. Dicho en la lengua común de todos los españoles: lo aprobado por el Parlamento de Cataluña sería la ley suprema en dicha Comunidad. A lo sumo, como muestra del talante conciliador de sus valedores, se aceptarían algunos recortes cosméticos a cargo de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional. Estaría en juego la dignidad de una Nación con mayúscula.

Eso es lo que hay. La promesa pública del Presidente del Gobierno, comprometiéndose a respaldar lo que acordara el Parlamento de Cataluña, se encuentra en el origen de la contestación a la Sentencia del Tribunal Constitucional que ha osado distinguir entre los sentimientos nacionales y la primacía de una Constitución que no admite ningún devaneo soberanista de sus propias Comunidades Autónomas, sean nacionalidades o regiones.

El llamado problema catalán, crónico e insoluble según Ortega y Gasset, se ha enconado imprudente e innecesariamente. La obtención de nuevas competencias dentro de la Constitución no ha compensado ni de lejos la frustración por no haberse reconocido la privilegiada relación de Cataluña con España. Nunca habíamos dado tantas alas al separatismo ni tantas bazas a su juego victimista. La bandera estrellada dominó la escenografía de una manifestación encabezada por el propio Presidente de la Generalidad, un socialista consciente de que el Tribunal Constitucional no ha respaldado el Estatuto. Mientras, se proclamaba a los cuatro vientos que “somos una Nación y nosotros decidimos”.

Ya hay quienes, en su impaciencia, piden una declaración unilateral de independencia. La proclamación del Estat Català en 1934 se frustró por la terminante reacción del Gobierno de la República. Hasta ahí, la memoria histórica. Como de costumbre, el que se engaña es porque quiere.