La huelga

Con el consabido pretexto de no ser bueno legislar en caliente, hemos conseguido llegar al año 2010 –todo un logro- sin modificar el viejo Real Decreto franquista de 1977, que aún regula el derecho de huelga en España. Y ello, a pesar de que el artículo 28.2 de la Constitución no puede ser más claro: “La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Pero ni tenemos ley ni se la espera.

Da igual que el precepto se lea desde la derecha o desde la izquierda, desde Madrid o desde el litoral. Se entiende perfectamente, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato sindical, no vaya a ser que, estando medio dormido, se nos despierte y nos organice la madre de todas las huelgas. O la marimonera, que diría un castizo.

Los temores no carecen de fundamento porque se entra en un terreno pantanoso donde resulta difícil orientarse. Las autoridades y los ciudadanos consideran necesaria una ley que asegure el cumplimiento de los servicios mínimos, pero también hay sindicalistas que, con la boca grande o pequeña, reclaman una nueva ley que podría favorecerles. Aquí todo es tan confuso que ni siquiera llegamos a saber el verdadero seguimiento que la huelga haya tenido. Las autoridades y los sindicatos multiplican, o dividen, por dos o tres el número de participantes.

La última huelga del metro en Madrid no sólo ha producido cuantiosas pérdidas materiales. Hemos tenido las calles colapsadas para las ambulancias. Ha habido riesgos de muerte aunque ignoremos si alguno acabó en tragedia. De esto no se habla porque los términos económicos del problema, aunque graves, alarman menos. El ciudadano se queda en casa o llega tarde al trabajo. Pero nada más.

Hace falta una ley de huelga –integral incluso, como ahora se ha puesto de moda- donde se regulen unos servicios mínimos que podrían concretarse antes de surgir el conflicto y estar sometidos, en su caso, a un rápido arbitraje. También habría que ocuparse de la criminalización de las infracciones más graves y tomarse en serio los piquetes informativos. Lo normal hasta ahora es que quienes abusan de la huelga salvaje se vayan a su casa de rositas. Ni una condena judicial ni, por lo común, una simple sanción administrativa.