Un fallo discutido y discutible

Como era previsible, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no ha satisfecho por completo a nadie. Cada uno de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, se atribuye el triunfo sobre el contrario, pero coinciden al menos en el acatamiento más o menos sincero de su fallo. Por el contrario, los partidos nacionalistas, y no sólo los catalanes, que ya habían cuestionado la legitimidad de este Tribunal, se reafirman en un victimismo rebelde. Dejando de lado a éstos últimos, muy proclives al pataleo cuando no consiguen algo, sería erróneo aproximarse a la sentencia en términos partidistas, de partido político y de partido de fútbol. El origen del problema se encuentra, sin duda, en la promesa pública del presidente del Gobierno anticipando un cheque en blanco para cuanto acordara el Parlamento de Cataluña, pero ahora no se trata de hurgar en pasadas responsabilidades.

No vale comparar el número de artículos declarados inconstitucionales, o sólo admisibles en una interpretación determinada, con el de los impugnados, o con la totalidad de los que integran el Estatuto, para concluir que el PSOE habría ganado por goleada. Tampoco hay que apreciar el resultado “al peso”, como ha advertido Rosa Díez. La realidad es mucho más simple. El Estatuto, plenamente constitucional según sus valedores, ha resultado no serlo. Gracias a los recurrentes –el PP no ha estado solo- sabemos hoy que algunos de sus preceptos más importantes no han superado el examen. Sin tales impugnaciones, seguiría en vigor una normativa incompatible con nuestra Carta Magna, lo que habría significado su derogación indirecta en aspectos esenciales de nuestro Estado de las Autonomías. Demos, pues, las gracias a los recurrentes. Ellos hicieron posible que el Tribunal Constitucional expulsara de nuestro ordenamiento jurídico lo que nunca debió entrar en él.

La nulidad abarca 17 artículos, apartados o incisos. Y 26 más habrán de interpretarse como indica la sentencia. Igual ocurre con tres disposiciones adicionales y además –y esto es quizás lo más importante- el fallo comienza privando de eficacia jurídica interpretativa a las referencias del Preámbulo a “Cataluña como Nación” y a la “realidad nacional de Cataluña”. Sin esta decisiva matización habríamos dado carta de naturaleza a una nación distinta de la española, pese a ser ésta la única depositaria de la soberanía nacional. Otras objeciones, directas o indirectas, del Tribunal Constitucional se refieren a materias tan sensibles como la Justicia y la Hacienda. Nos metimos, o nos metieron, en un conflicto cuya gravedad no se quiso ver.

La corrección del Estatuto ha tenido alto un precio en términos de crispación dentro y fuera de Cataluña. Y también para el prestigio del propio Tribunal Constitucional. Se le dirigieron furibundos ataques para que, literalmente, no osara tocar ni una coma. Y tardó cuatro años en dictar sentencia.