La actualidad en la violencia de género

No ha tenido buena acogida en la Unión Europea la iniciativa española para dar validez internacional a las órdenes de protección y alejamiento tan al uso en estos lares. Era de esperar, porque tampoco se comparte la discriminación que suma a la culpabilidad del varón en la llamada violencia de género un suplemento por su condición de tal, o sea, por los pecados de sus ancestros, que se transmitirían de generación como en los tiempos bíblicos. El progresismo a bote pronto tiene a veces estas cosas, quizás por eso de que los extremos se tocan.

Si ya resulta difícil en España que esas órdenes sean realmente efectivas contra quien decide acabar con la vida ajena y, con frecuencia, suicidarse a continuación, no se comprende bien el interés por su aplicación fuera de nuestras fronteras o las de cualquier otro país que las emita. Lo normal sería que la mujer rumana, por ejemplo, que regresa a su tierra solicitase protección de sus propios tribunales si también allí se sintiera amenazada. Piénsese, además, en las dificultades para vigilar ese cumplimiento globalizado cuando ya el número de las órdenes expedidas en España excede de lo que nuestros cuerpos policiales puedan hacer para –como se dice ahora- implementarlas.

Si se observa sin prejuicios sexistas lo que está ocurriendo con la aplicación de aquella famosa Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tan aplaudida en su momento como la panacea contra una plaga milenaria, se confirma la necesidad de corregir el rumbo seguido en el ámbito penal. La estúpida cantinela de que la mujer no miente nunca, por lo que su mera denuncia bastaría para enervar la presunción de inocencia del varón, y el constante llamamiento a “denunciar a la primera” -cuando se han convertido en delitos conductas de escasa entidad- no contribuyen necesariamente a la seguridad de la mujer.

Bienvenidas sean en principio todas las medidas encaminadas a combatir la lacra del maltrato, pero tan peligroso es pregonar en demasía las excelencias de una orden de alejamiento frente a las agresiones más graves, en especial las mortales, como acordar automáticamente la detención inmediata del denunciado para que así reciba el escarmiento de una noche o varios días en los calabozos policiales. Y eso, aunque no exista el menor peligro de fuga y sólo se cuente con la declaración inicial de la supuesta víctima. No es bueno que una persona, hombre o mujer, se sienta injustamente tratada y, todavía peor, si le asiste la razón para ello.

Nos gustaría saber si el número de mujeres asesinadas en este contexto ha aumentado desde que está en vigor aquella protección integral, y también si se ha elaborado algún estudio serio sobre las muertes de hombres, suicidados o a manos de la mujer. No parece que escaseen los medios personales y materiales para hacerlo: observadores, delegados, sociólogos, psicólogos, criminólogos y funcionarios todos del Ministerio de Igualdad, para empezar. Mejor sería invertir ahí el dinero que se reparte alegremente en los mapas sobre el clítoris o se envía a las lesbianas de Zimbawue. Dos ejemplos que parecen de chiste pero no lo son.

Llevamos 34 mujeres muertas en lo que va de año, el doble que en el mismo periodo del año anterior. De ellas, tres en una sola semana. Mientras, las forofas -y los forofos- de la igualdad a través de la desigualdad en el Código Penal, callan como muertos. Y tampoco se inmutan cuando se discute sobre la prohibición del burka como prueba evidente de la dominación del hombre sobre la mujer. Las preocupaciones del feminismo institucionalizado son selectivas. Quizás el lector adivine las claves.