Los defectos de la Ley de Violencia de Género

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es tan ambiciosa que mal podría ser perfecta. Nada hay que oponer a la finalidad perseguida: terminar con los abusos machistas y promover la igualdad de sexos ante la ley. Y tampoco a su regulación en los ámbitos educativo, social, laboral y administrativo. Vaya esto por delante para que el feminismo radical no coja una vez más el rábano por las hojas. Cuestión distinta es que la Ley Orgánica haya entrado en el Derecho Penal como un elefante en una cacharrería.

 Sé que una afirmación así no es correctamente política. Su autor se expone al linchamiento. Pregúntese a la antigua juez (o jueza) decana de Barcelona, María Sanahuja, o a José Díaz Herrera, autor del libro “El varón castrado”, o al juez sevillano Francisco Serrano, por ejemplo. Veremos qué ocurre con Antonio Gala, que se ha atrevido a expresar su opinión crítica en “La Tronera”, de “El Mundo”, bajo el título “Miembra del Gobierno”. 

No procede la agravación generalizada de penas cuando el autor del delito es un hombre y la víctima una mujer, siempre que una relación sexual, pasada, presente o futura, unilateral o bilateral, juegue algún papel en la agresión. Bastaría con aplicar la agravante de abuso de superioridad, en su caso. Pero, desgraciadamente, a la culpabilidad personal del varón por el hecho concreto se une ahora otra de propina. El macho responde también por lo que hicieron sus ancestros, desde Adán. Un “revival” que, con curiosas resonancias bíblicas, nos coloca de nuevo a la cabeza del mundo mundial. Muchos fueron los jueces que interpusieron recurso  contra la Ley,  pero el Tribunal Constitucional, no sin algunos votos discrepantes, bendijo la norma. 

Pero la cosa no quedó ahí. Acto seguido vino el rechazo a la presunción de inocencia. La mujer maltratada gozaría de veracidad por definición. Poner en duda su palabra sería ya un rasgo de machismo. Se equiparaba así a la maltratada con la mera denunciante. Y en esa línea, dando otra vuelta a la tuerca, la detención inmediata del denunciado, con algunas noches de calabozo como aperitivo, se generalizó como un protocolo absolutamente ilegal. 

Luego, porque algunas mujeres no comparecen en el juicio oral o modifican su declaración, quizás por miedo pero quizás también porque no dijeron toda la verdad en su día, comenzó la campaña para suprimir en estos supuestos la exención de declarar por razón de parentesco. En paralelo, la simple asistencia del reo a unos cursillos “ad hoc”, que ya está regulada, mejoraría su situación penitenciaria. El tratamiento voluntario se convierte en papel mojado.   La última ocurrencia pretende que se publiquen, para escarnio público, los nombres de los condenados. Algo poco acorde con la función resocializadora de la pena. 

Y un par de consideraciones. La primera es que resulta peligroso confiar tanto en los efectos traumatúrgicos del aumento de las denuncias en relación con las órdenes de alejamiento cuando el hombre está dispuesto a matar y a suicidarse. La segunda es que en lugar de gastar el dinero del Ministerio de Igualdad en subvencionar a las lesbianas de Zimbawue o estudiar el clítoris de la mujer (y no el pene del varón) podría hacerse un estudio serio sobre las causas de este nuevo fenómeno y los modos de prevenirlo.