El Ministerio de Hacienda se enfrenta a grandes retos esta legislatura, desde la urgente elaboración de los Presupuestos de 2024 hasta dos de las eternas tareas pendientes: una reforma fiscal en profundidad y la reforma del sistema de financiación autonómica.
Presupuestos y senda de déficit
La primera de las tareas a acometer es, sin duda, la aprobación de los presupuestos para 2024, que ya van con retraso con respecto a los plazos oficiales y en cuyo texto el Gobierno ha estado trabajando durante su periodo en funciones, según ha expresado públicamente la ministra de Hacienda y ahora vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero.
Antes incluso de presentar el proyecto presupuestario, el Gobierno tiene que diseñar una senda de déficit para los próximos años que cumpla con las nuevas normas europeas y que logre el aval de las Cortes, una tarea compleja, ya requiere la aprobación de Congreso y Senado y la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta tiene la opción de vetarla.
No sería la primera vez que el Senado tumba la senda de déficit, algo que ya ocurrió en 2019, pero al contrario que en aquella ocasión, el Ejecutivo no puede utilizar las últimas referencias aprobadas porque no las hay: las reglas fiscales europeas llevan suspendidas desde la pandemia y desde entonces se ha trabajado con simples proyecciones, sin referencias vinculantes.
Por el momento se desconoce cómo prevé sortear Hacienda este escollo, pero una vez que lo haga y proyecte la senda de déficit sobre el techo de gasto, tiene que elaborar unos Presupuestos que plasmen los compromisos del Plan de Recuperación, avancen en la corrección de los desequilibrios fiscales y, quizá lo más complicado, recaben suficientes apoyos en el Congreso para salir adelante.
Además, las negociaciones deberían avanzar rápido, ya que el calendario presupuestario va con retraso, hasta el punto de que es imposible atravesar todos los pasos previos y los tres meses de trámite parlamentario antes de fin de año, lo que exigirá una prórroga temporal de las cuentas de 2023 hasta que se aprueben las nuevas.
Si no fuera posible aprobar los Presupuestos, el Gobierno podría, en teoría, funcionar con las cuentas de 2023 prorrogadas, pero en la práctica el rechazo a las cuentas se interpreta como una pérdida de confianza en el Ejecutivo que justifica la convocatoria de nuevas elecciones, como ocurrió con el fallido Presupuesto de 2019.
Reforma fiscal
La necesidad de aprobar una reforma fiscal en profundidad no es solo una idea recurrente, sino un compromiso recogido en el Plan de Recuperación y que también figura en el acuerdo de investidura de PSOE y Sumar, en este caso con medidas concretas como fijar un mínimo en el impuesto de sociedades del 15 % sobre resultado contable o dar carácter permanente a los impuestos bancario y energético.
El informe de los expertos, que debía de servir de guía para la reforma cuya aprobación estaba prevista a principios de año, chocó con la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, lo que hizo imposible implementar muchos de sus supuestos.
Aunque se pusieron en marcha algunas medidas -la rebaja del IRPF para rentas bajas, la subida de la tributación del capital y nuevos impuestos como el de residuos o el de plásticos de un solo uso-, el grueso de la reforma queda todavía pendiente.
Más allá de cuestiones técnicas, la clave son los impuestos ambientales, un ámbito en que los expertos abogaban por subir la fiscalidad de los hidrocarburos, equiparar la tributación del diésel y la gasolina, crear un impuesto por emisiones de CO2 o una tasa para los billetes de avión.
Junto a ello, los expertos también defendían una cierta armonización de dos impuestos cedidos a las comunidades autónomas, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, un aspecto que enlaza con otro de los grandes retos de Hacienda: la reforma de la financiación autonómica.
La reforma de la financiación autonómica
El sistema de financiación autonómica acumula una década esperando su actualización -el modelo actual, de 2009, preveía su revisión cada cinco años, pero nunca ha ocurrido- y su reforma se plantea como uno de los retos más complicados para Hacienda, ya que requiere un acuerdo entre regiones y partidos con intereses contrapuestos.
Varias regiones se consideran infrafinanciadas con el sistema actual, en el que los recursos -entre ellos, la mitad de la recaudación de IRPF e IVA- se reparten entre las regiones de régimen común -todas salvo País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas- conforme a un criterio de población ajustada a factores como la edad.
Sin embargo, cada comunidad autónoma afronta la reforma mirando sus propios intereses: mientras unas defienden la población como criterio único, otras piden compensaciones por su dispersión o por su concentración y hay quien reclama que se tengan en cuenta los usuarios reales de la sanidad pública o el número de alumnos de la educación universitaria o la insularidad o la pobreza.
Estas discrepancias superan incluso el color político de cada región, lo que añade aún más complejidad a un eventual acuerdo, ya que aunque la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP, son las Cortes quienes tendrán que aprobar una eventual reforma, una ventaja que podrían intentar aprovechar las formaciones regionalistas con representación parlamentaria.