Montoro propone ahora al Congreso cambiar la ley para prohibir las amnistías fiscales

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha propuesto a los grupos con representación en el Congreso modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan decretar nuevas amnistías fiscales en el futuro. Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha hecho esta propuesta toda vez que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie".

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El ministro ha comparecido en la Comisión para explicar la postura del Gobierno tras la anulación de la amnistía fiscal de 2012 por el Tribunal Constitucional. En realidad, ha sido la quinta vez que ha hablado del tema a lo largo del día, pero también ha sido la primera en la que ha expresado cierto propósito de enmienda. De todas formas, no ha tenido más remedio que admitir que la prohibición de las amnistía fiscales se encuadraría en un contexto internacional y europeo en el que las normas de transparencia internacional impedirán su práctica. Y es que en 2018 entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, "entre ellos, algunos considerados hasta ahora paraísos fiscales".

Antes de hacer esta propuesta, Montoro ha vuelto a justificar la amnistía fiscal en base a la necesidad de mejorar la recaudación. "Había que echar un cebo suficientemente atractivo para que los pececitos no se fueran a otro sitio o se quedaran donde estaban, en el fondo del mar", ha dicho y ha vuelto a echar mano de la 'herencia recibida', exactamente igual de Mariano Rajoy en la sesión de control de la mañana, para asegurar que la medida formó parte de un paquete que se adoptó al poco tiempo de que el PP llegara al Gobierno para evitar "el rescate de España". "No podíamos dejar de tomar ninguna medida", ha recalcado.

En el terreno de las cifras, Montoro ha justificado la aprobación de la Declaración Tributaria Especial (DTE), que correspondió al modelo 750 y a la que se sumó la obligación de declarar patrimonio en el extranjero (modelo 720), porque ha conseguido aflorar rentas ocultas y patrimonios no declarados. En este sentido, ha señalado que el patrimonio declarado en el exterior se ha incrementado entre 2007 y 2015 un 78,6 %, al pasar de 61.182 a 109.278 millones de euros.

Si a este patrimonio se suma el de los acogidos a la amnistía fiscal, los bienes aflorados casi se han duplicado y han pasado de 23.892 millones de euros en 2007 a 46.025 millones en 2015, un 92,64 % más. "Lo que ha sucedido estos años es que las personas que se acogieron a la DTE y las que han utilizado el modelo 720, al saber que la Agencia Tributaria puede ejercer sobre ellas una vigilancia especial, no han tenido más salida que seguir confesando incrementos patrimoniales que, en parte, supone afloramiento de patrimonios ocultos", ha dicho.

Al respecto, ha recordado que mientras la recaudación del impuesto de Patrimonio entre 2007 y 2015 disminuía de manera notable debido a la crisis económica, el patrimonio de los declarantes del 720 y del 750, colectivos especialmente vigilados por la AEAT, iba en contra de esa tendencia y aumentaba.

Montoro ha puntualizado que todos esos bienes han pagado y "siguen pagando los impuestos", algo que -en su opinión- no sucedería si el Gobierno no hubiera impulsado esta medida legislativa. Ha reiterado que estas medidas no han hecho perder ingresos al Estado y ha asegurado que esa crítica "sólo se puede hacer desde la ignorancia de la realidad o desde la mala fe".

Montoro ha incidido en el compromiso del Gobierno de seguir luchando contra el fraude fiscal y ha anunciado que Hacienda está preparando, junto con la Oferta Pública de Empleo (OPE) de este año, una medida extraordinaria para aumentar la plantilla de la Agencia Tributaria. Ha afirmado que de esta forma se apoyarán las unidades de lucha contra el fraude en todos los ámbitos, también en el laboral, y de aquellos servicios donde "se queden cortos" los efectos de la OPE. El titular de Hacienda ha mostrado la "mejor disposición" de llevar al Parlamento el mecanismo legal que sea más efectivo para que se pueda implementar lo más rápidamente posible.

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