Nuevos recursos para el cobro de los autónomos

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Ya se sabe que los autónomos son uno de los grandes colectivos más perjudicados por la crisis. La economía no funciona bien y llevar un negocio a cuenta propia supone un riesgo mucho mayor que antaño. Asimismo, la principal causa de cierre de pequeños negocios, no es la falta de trabajo, sino las deudas que acarrear a falta de impagos.

Es por ello que, finalmente, desde Bruselas han decidido en dar apoyo a estos trabajadores con una medida que entrará en vigor el próximo 16 de marzo. Se trata de una directiva europea que impondrá sanciones a todos aquellos consumidores que incumplan los términos de pagos establecidos por ley. Estos plazos abarcan, este año, 30 días para las Administraciones públicas, y 60 días si se trata del sector privado.

Una directiva más que necesaria teniendo en cuenta que la deuda de las Administraciones públicas con sus proveedores autónomos y micropymes alcanza la suma de 4.811 millones de euros. Si bien supone un descenso del 12,6% en comparación con el último trimestre del año pasado, cuando la cifra ascendía hasta los 5.510 millones de euros, no deja de ser una situación alarmante.

Estos datos han sido publicados por la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que, a través de un informe llevado a cabo a través de más de 800 encuestas a trabajadores autónomas de toda España, ha querido dar a conocer la continua problemática con la que se enfrenta este colectivo.

El documento desgrana el motivo del descenso de la morosidad pública, con respecto a los autónomos, gracias al dinero liberado por los ajustes presupuestarios y, en mayor medida, a los pagos realizados por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Con respecto a las sanciones, si no se respeta el pazo de los 30 días naturales una vez el usuario ha recibido la factura,  "automáticamente y sin necesidad de recordatorio, el acreedor tiene derecho a los intereses de demora que serán el precio del dinero que marque el BCE, más un 8%; además de 40 euros de costes de cobro (que incluyen los gastos de abogado o de agencias de cobro en caso de que se hayan utilizado)"", según han explicado fuentes comunitarias al diario económico español Cinco Días. También en el caso de que los gastos superen los 40 euros, los acreedores también podrán reclamar el reembolso de esta cantidad.

Asimismo, desde que entre en vigor esta medida, las cláusulas en contratos públicos que permitan pagar fuera de los plazos legales quedarán anuladas automáticamente.

Foto: influenzia