Los informes ambientales no se podrán recurrir a los tribunales

nuclear Trillo

El medio ambiente español está a punto de recibir un nuevo golpe por parte del propio Gobierno. En el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo estudió el anteproyecto de la Ley de Evaluación Ambiental, que cuando entre en vigor impedirá que se recurran ante los tribunales los informes ambientales. Estos informes son los que permiten la construcción de autopistas, parques de atracciones o centrales nucleares, y los ciudadanos no podrán recurrir contra ellos hasta que las empresas presenten sus proyectos de forma oficial.

Según el ministerio de Medio Ambiente, "la idea es que el ciudadano no se meta en un proceso inútil, porque ya hay sentencias que lo contemplaban. Ahora se ha puesto por escrito", y matizan que actualmente ya son "irrecurribles en la práctica". Otra de las novedades que incluye el anteproyecto de esta ley es permitir al Gobierno aprobar proyectos por ley, lo que haría que solo puedan recurrirse ante el Constitucional, una vía a la que las ONG medioambientales ni están legitimadas para acceder.

Cuando la nueva ley entre en vigor, las administraciones dejarán de tener en sus manos los informes medioambientales, que pasarán a estar controlados por los propios promotores de los proyectos. Sin duda, esto restringirá todavía más el acceso a terceros. Según Arias Cañete, su ministerio quiere así acabar con los 10.000 expedientes que hay pendientes de resolución. Medio Ambiente cifra en 80.000 los empleos que podrían crear y 1.000 los millones que se generarían si saliesen adelante. El ministerio apunta que la resolución de los informes está sobre los tres años y cuatro meses, periodo que quiere rebajar a cuatro meses.

Otro de los temas de moda es el fracking, del que Arias Cañete dijo que iba a someterse a los procedimientos de evaluación ordinarios y que el silencio de los órganos ambientales no quiere decir que sea favorable "como máxima garantía ambiental". La ley también incluirá la instauración de bancos de conservación de la naturaleza, una figura no exenta de polémica que ya existe en países como Estados Unidos y que nace para compensar, reparar o restaurar los daños que los proyectos causen a la naturaleza.

Como era de esperar, a las organizaciones ecologistas no les ha sentado nada bien la ley que el Gobierno tiene entre manos. Rita Rodríguez, abogada de WWF, afirma que con ella"se va a empobrecer la defensa del medioambiente porque los afectados no suelen tener recursos para hacerlo"; mientras que desde Ecologistas en Acción las críticas se centran en la aplicación de "las reglas de la oferta y la demanda a la biodiversidad".

Fuente: El País

Foto: tnarik